San José.  EFE.  Costa Rica, un Estado confesional cuya religión oficial es la católica, se dividió esta semana con la decisión de la Sala Constitucional de impedir la celebración de un referendo para decidir sobre la legalidad de las uniones homosexuales.

Mientras en la calle, los periódicos y las redes sociales las opiniones a favor y en contra abundan, la presidenta del país, Laura Chinchilla, no ha atacado ni apoyado abiertamente el proyecto de ley que generó la polémica al proponer la legalidad de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

“Si bien abogo por mantener la figura del matrimonio en que hemos construido esta sociedad, entiendo que el acceso a los derechos de tipo civil o patrimonial es de todos, sin importar religión, sexo o preferencia sexual”, dijo el jueves la mandataria, reconocida por su cercanía a la Iglesia Católica, a periodistas locales.

Con el fallo de los magistrados, emitido el martes, quedó enterrada la idea de someter a consulta popular el proyecto de ley.

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Iglesia promovía la consulta

El referendo era promovido por la Iglesia Católica y grupos evangélicos a través del Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia, que recolectó 150,000 firmas  que apoyaban la iniciativa. Su argumento es que darle estos beneficios a las parejas del mismo sexo equipararía sus uniones a un matrimonio, mientras que para los grupos a favor de los derechos humanos y homosexuales, no reconocer estos derechos básicos es una discriminación.  La Sala Constitucional consideró que el referendo sería una violación a los derechos humanos de una minoría