Tegucigalpa, (AP).- La comisión auspiciada por la OEA que verificaría el cumplimiento de un acuerdo suscrito para poner fin a la crisis política en Honduras, intentaba resucitar lo pactado luego de las desavenencias entre el presidente derrocado Manuel Zelaya y el gobierno de facto para crear un gobierno de unidad.

Zelaya dio por fracasado el acuerdo Tegucigalpa-San José firmado el 30 de octubre luego que el gobernante de facto Roberto Micheletti anunció el jueves que conformaba el gobierno de unidad acordado.

Los representantes de la comisión de verificación, incluidos representantes de las partes en conflicto, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el embajador de Estados Unidos, permanecían el sábado reunidos en busca de una nueva salida a la crisis.

«Hemos vuelto a encontrarnos para buscar nuevas alternativas», afirmó el representante de Zelaya en la comisión, Jorge Arturo Reina, la noche del viernes. «Se abre una nueva ruta para discutir los problemas que son muchos, uno de ellos que la comunidad internacional dijo que Zelaya tiene que ser reinstalado en la presidencia».

«Otro es que debemos considerar la necesidad de establecer un gabinete que exprese todas las tendencias del país», agregó.

Sin embargo, existen dudas sobre los resultados del diálogo debido a que Zelaya ha dejado en claro que la solución a la crisis está circunscrita a su retorno inmediato al poder. El líder, derrocado por los militares el 28 de junio, no admite que Micheletti arme el gobierno de reconciliación, ni mucho menos que lo dirija.

«En vista de que el acuerdo fue violado por Micheletti al querer convertirse él en el presidente del gabinete de unidad y reconciliación sin tener los derechos, sin ser legítimo, nosotros hemos declarado de que ya no existe posibilidad de reconocer ese acuerdo», dijo el gobernante derrocado a la AP desde la embajada brasileña. «Ya eso de las negociaciones llegó a su final».

Estados Unidos lamentó la interrupción del acuerdo y llamó a las partes a alcanzar un consenso para formar el gobierno de unidad que debe velar por las elecciones presidenciales del 29 de noviembre y traspasar el poder al ganador el 27 de enero.

Micheletti adujo que actúa ceñido al acuerdo que estipulaba como plazo el 5 de noviembre para integrar un gobierno con la participación de representantes de los partidos políticos y la sociedad civil.

La postura de Micheletti es que mientras el congreso no decida si restituye o no a Zelaya a la presidencia, él seguirá llevando los hilos del país.

El legislativo espera que varias instituciones se pronuncien sobre la factibilidad de restituir a Zelaya antes de convocar a una sesión extraordinaria para debatir el asunto.

Micheletti espera que durante el fin de semana Zelaya nomine a candidatos con miras a finiquitar el gobierno de unidad.

Los seguidores de Zelaya señalan que Micheletti y el congreso están dilatando una resolución para el retorno del líder defenestrado al poder, violentando –según dicen– el verdadero espíritu del acuerdo. El pacto no le pone plazos al órgano legislativo para que trate ese asunto, aunque la Organización de los Estados Americanos esperaba que ello se diera con prontitud.