Los acontecimientos acaecidos en los últimos días en Honduras indignan tanto por lo antidemocrático como por la forma realmente estúpida – no encuentro otro adjetivo adecuado – con que han pretendido justificarlo, y los no menos poco inteligentes –si es que se puede encontrar algo de esa materia gris- argumentos balbuceados por los principales artífices de la sonada incluyendo al presidente golpista.

La manipulación no puede ser más burda. Se le acusa, y es la justificación central, de que se quería reelegir. Las elecciones están pautadas para noviembre y todos los partidos ya tienen sus candidatos y están en campaña y Zelaya ni era candidato ni puede serlo. Buscaba instalar una urna en las elecciones de noviembre para que la población dijera si estaba de acuerdo de que se convocase a una Asamblea Constituyente para introducir reformas a la Constitución. Si eso se aprobaba y se llevaba a cabo ya Zelaya no estaría en el poder. Cualquiera con capacidad para pensar –y no para repetir lo que digan como un papagayo– comprende esto con facilidad.

La Constitución hondureña comprende los procedimientos para someter a juicio político a un Presidente si se le acusa de haber violado leyes o la propia Constitución. Ese era el procedimiento legal inobjetable y no otro. Todo lo que se aparte de ahí es ilegal y antidemocrático. No se apeló a ello porque se temía que el montaje legal era débil y porque el jefe militar, rabioso porque Zelaya intentó sacarlo del cargo, tomo la decisión de derrocarlo, presentando un hecho consumado al Congreso, que lo recibió gustoso. Doce horas después de haberlo sacado del poder es que el Congreso nombra a un sustituto, golpista, aduciendo abandono de poder y una supuesta carta de renuncia.

El presidente golpista declaró a CNN poco después de asumir el cargo espurio, que Zelaya podía regresar tranquilamente sin problema. En cuanto se supo que pretendía regresar acompañado de varios presidentes se inventaron una retahíla de cargos y lo declararon prófugo de la justicia, pero, ¿quién lo sacó del país?

El Fiscal General de la República, intentando dar un  toque de legalidad, aduce que un juez había emitido una orden de detención y expulsión –aunque confesó a CNN que no sabía qué juez era-. Tamaño disparate, los expertos internacionales señalan que un Presidente sólo cae dentro del ámbito de la Suprema Corte, que también le era adversa a Zelaya. ¿Por que no lo hizo?

El regreso de Zelaya, única solución aceptable porque el adelantar las elecciones significaría aceptar el golpe – abre todavía más interrogantes sobre la viabilidad de la gobernabilidad durante esos seis meses que le quedan. Como quiera la ley tiene que aplicarse. No se puede aceptar un desafío a la comunidad internacional.

No aceptemos que la soberbia y poca inteligencia de una gorilada civil y militar ofenda la inteligencia del resto del mundo.