Tegucigalpa, (AP).- El presidente designado en Honduras hizo un llamado hoy para resistir las presiones internacionales que buscan reinstalar al depuesto mandatario por un golpe de Estado, mientras manifestantes quemaron neumáticos frente al palacio presidencial.

«Aquí no hubo golpe de Estado porque los hondureños siguen regidos por la Constitución, a la que el anterior gobierno quiso reformar sin ningún fundamento y de manera ilegal», dijo el presidente designado Roberto Micheletti a la radioemisora HRN.

«Respetamos a todo el mundo y sólo pedimos que nos respeten, y nos dejen en paz porque el país se encamina a elecciones generales libres y transparentes en noviembre», agregó.

Estados Unidos cree que la situación en Honduras «ha desencadenado en un golpe», dijo el lunes la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, mientras gobiernos de América Latina y Europa condenaban el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya y pedían que el conflicto en ese país centroamericano se resuelva por la vía democrática.

Unos 3.000 simpatizantes de Zelaya se concentraron frente a la presidencia y corearon consignas como «el pueblo unido jamás será vencido», «que venga Mel (el diminutivo familiar del ex mandatario)», «Micheletti traidor», «Recuerden militares que Mel les ayudó, no sean traidores».

Cada vez más protestantes se sumaban a la manifestación, formada particularmente por obreros, taxistas, campesinos e indígenas.

Micheletti ingresó a la Casa Presidencial por una puerta posterior, sin que se dieran cuenta los manifestantes. Luego procedió a juramentar a su gabinete de gobierno.

«A esos protestantes les digo que tienen el derecho a protestar, pero que lo hagan en paz… si ellos golpean a un soldado, éstos actuarán», advirtió.

La capital y las principales ciudades del país continúan con apagones, mientras han sido desconectados de los sistemas privados de cable algunos canales de la televisión internacional. Seguía vigente un toque de queda desde las 2100 hasta las 0600 locales.

El mandatario designado afirmó que no teme las amenazas del presidente venezolano Hugo Chávez de enviar tropas a Honduras para instalar en el poder a Zelaya.

«Nos amenazan con invadir nuestro territorio, pero cada hondureño es un soldado que defenderá su patria. Esas son especulaciones… y nadie nos atemorizará», apuntó.

Micheletti fue designado el domingo por el congreso para concluir en enero del 2010 el mandato de Zelaya, a quien soldados arrestaron la víspera a punta de pistola y lo pusieron en un avión que lo llevó a Costa Rica.

Los poderes judicial y legislativo decidieron deponer a Zelaya debido a que consideraron ilegal la pretensión del mandatario de llevar a cabo una consulta popular para que la población definiera si en las elecciones de noviembre se ponía una urna para convocar a una constituyente.

Zelaya participaba el lunes en Managua en reuniones de los presidentes de Centroamérica, de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de las Américas (Alba) y del Grupo de Río, que buscan la reistalación de del mandatario.

El nuevo canciller Enrique Ortez Colindres afirmó que la comunidad internacional debe respetar la decisión de Honduras de deponer a Zelaya para salvar la democracia en el país.

La iniciativa de la consulta de Zelaya era rechazada también por los empresarios y diferentes sectores sociales.

El Consejo de la Empresa Privada declaró el lunes en un comunicado que «Zelaya salió por violar sistemáticamente la Constitución, a pesar de los múltiples llamados a la reflexión que le hizo la ciudadanía».

Señaló que «el Congreso y las fuerzas armadas actuaron con el propósito de restablecer la amenazada institucionalidad del país y garantizar que todos los hondureños elijamos, libre y democráticamente a las autoridades que legítimamente emanen de la soberanía popular en los próximos comicios».

La Constitución no permite a los legisladores ni a la Corte Suprema modificar siete de sus 379 artículos llamados «pétreos» para mantener incólume la alternabilidad en el poder y prohibir la reelección del mandatario, que sólo debe cumplir una gestión de cuatro años.

Las fuerzas armadas, según el nuevo gobierno, sólo cumplieron una orden judicial para llevar a cabo ese acto en contra del ex gobernante.

Los militares, que no se han pronunciado sobre la situación en el país, se mantuvieron 18 años en el gobierno entre 1956 y 1982 en Honduras luego de derrocar a tres presidentes elegidos democráticamente.