Tegusigalpa, (AP).- El gobierno desafió hoy el ultimátum de la OEA de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, mientras los hondureños divididos volvieron a tomar las calles tanto para apoyar al mandatario designado Roberto Micheltti como para exigir el regreso del gobernante derrocado.

Unas horas después de que la OEA pusiera un plazo de tres días para que se restituya en el poder a Zelaya, el gobierno de Micheletti advirtió que no admite intervenciones externas, al tiempo que iniciaba esfuerzos para acercarse a la comunidad internacional y convencerla de que no se han violentado las leyes.

«No estamos dispuestos a restituirlo, porque él ha cometido delitos», declaró el miércoles a la radio colombiana la FM.

«Esperamos la comprensión y la rectificación de estos países que realmente sólo han escuchado una parte del problema», señaló.

Las manifestaciones a favor de uno y otro gobierno resurgieron el miércoles.

En Tegucigalpa, unos 700 simpatizantes de Zelaya se congregaron en las inmediaciones del palacio presidencial, muchos con los rostros cubiertos y armados con ramas de árboles, tubos de metal y botellas de vidrio llenas con gasolina. La policía se mantenía en el lugar, pero no se había registrado ningún incidente con los manifestantes.

«El pueblo de verdad está con él (Zelaya), la gente pobre y en este país somos muchos los pobres», dijo Javier Santos, un trabajador agrícolar de 30 años.

Mientras, medios locales reportaron que en varias ciudades del interior del país se manifestaban millares de personas en apoyo a Micheletti.

La televisión mostró imágenes del que dijo era el departamento de Choluteca, en el sur del país, donde se veía a miles de manifestantes vestidos de blanco y con banderas de Honduras a favor del gobierno.

El canciller Enrique Ortez dijo el miércoles a la AP que en el gobierno «no queremos intervenciones de ningún organismo internacional ni que una persona defenestrada (Zelaya) regrese como presidente».

Ortez reiteró que apenas toque suelo hondureño Zelaya será detenido y advirtió que «dejaremos entrar a sus acompañantes si representan a Estados amigos, de lo contrario no».

Micheletti llamó a los presidentes que intentan acompañar a Zelata en su regereso a Honduras que «no intercedan en asuntos que les corresponen».

El comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, se sumó a las críticas y en declaraciones a la AP pidió a la ONU, OEA y gobernantes latinoamericanos a «no pretender dirigir la existencia de Honduras».

Zelaya, depuesto el domingo por comandantes de las fuerzas armadas, había dicho que volvería el jueves a Honduras acompañado de algunos mandatarios latinoamericanos, aunque la madrugada del miércoles anunció que postergará su retorno a Honduras para el fin de semana, a fin de dar tiempo a las gestiones diplomáticas de la OEA.

Micheletti, quien asumió el domingo el poder por disposición del Congreso, ha iniciado una ofensiva diplomática para bajar la tensión internacional hacia el país.

El canciller Ortez dijo a periodistas que «nos encargaremos de demostrar que el nuevo gobierno respeta la ley y que lo único que se hizo aquí fue separar a un presidente por violar sistemáticamente la Constitución».

Pidió presentarse «de inmediato» a Tegucigalpa a los embajadores en la ONU, Jorge Reina, y la OEA, Carlos Sosa, leales a Zelaya, y a Roberto Flores, en Washington.

Las fuerzas armadas y la policía mantenían una visible presencia en la capital y las principales ciudades y carreteras del país.

La noche del martes, en medio del toque de queda, se reportó la explosión de «bombas caseras» fuera del edificio de la Corte Suprema de Justicia y en la Radio América, sin que se produjeran daños.

El domingo había explotado otro artefacto en las oficinas de Migración, sin que tampoco se registraran daños.

Un paro nacional indefinido convocado por los opositores al régimen seguía en pie, mientras escuelas publicas y privadas continuaban cerradas pese a llamados de Micheletti para que la gente retorne a sus puestos de trabajo.

La crisis en Honduras se desató por la convocatoria de Zelaya a una «consulta popular» el 28 de junio que integraría una Constituyente para reformar la ley fundamental, la que la oposición consideró que usaría para reelegirse pese a estar prohibido en la Constitución. Ese día Zelaya fue depuesto.