Honduras vive bajo amenaza convulsión social ante indefinición electoral

Honduras vive bajo amenaza convulsión social ante indefinición electoral

Salvador Nasralla/AP

Tegucigalpa.– Honduras vive bajo la amenaza de convulsión social por la indefinición en el resultado de los comicios del 26 de noviembre, enmarañados en sospechas de un fraude para favorecer la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, opinaron analistas.

Aunque las protestas nocturnas en los barrios han perdido intensidad al prolongarse la incertidumbre, analistas creen que siguen latentes. Simpatizantes de la izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura, que postuló como candidato presidencial al popular presentador de televisión Salvador Nasralla, de 64 años, se declaran listos para tomar las calles para denunciar un posible fraude electoral.
 

Protestas y represión.«Si el Tribunal (Supremo Electoral, TSE) declara al presidente ganador, va a haber un rechazo, más protestas en las calles y, como consecuencia, mayor represión, mayor violencia», vaticinó Marco Tinoco profesor de sociología de la Universidad Nacional.

Han pasado más de dos semanas desde la madrugada del 27 de noviembre, cuando el TSE dio en el primer informe de resultados con una ventaja del cinco puntos para Nasralla, con 57% de los votos escrutados.

Sorpresivamente el sistema de transmisión de los resultados se detuvo en forma intermitente los días siguientes y los resultados variaron, hasta que emergió como virtual ganador el presidente Hernández, candidato a la reelección del Partido Nacional (PN, derecha).

El TSE anunció este martes que un técnico argentino de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició junto a técnicos del tribunal una evaluación del sistema de cómputo, ante las críticas de la oposición.

Entre tanto, Nasralla anunció este martes que entregó a los observadores de la OEA y la Unión Europea supuestas pruebas del fraude que ha denunciado, incluyendo copias de 80% de las actas electorales que confirmarían su victoria en las urnas. Según Tinoco, «cada día que pasa sin que se declare al ganador aumenta el descrédito del Tribunal», atareado ahora en conocer impugnaciones presentadas por la alianza opositora y el tradicional Partido Liberal.

Protestas estallaron en las calles de las ciudades hondureñas contra el supuesto «robo», con bloqueos de carreteras y manifestaciones masivas, en medio de la represión que, según Amnistía Internacional, dejó 14 muertos.

Los observadores de la Unión Europea y OEA reconocieron en sendos informes las dudas que alienta el proceso y recomendaron al tribunal buscar la forma de hacerlo más transparente. El TSE hizo dos recuentos de votos de más de 4.000 urnas que ratificaron la ventaja de Hernández con 42,95% de los votos frente a 41,42% de Nasralla.

 Fraude monumental. «Con el 82% de las actas que tenemos nosotros el ganador es Salvador Nasralla», proclamó Luis Zelaya, excandidato del PL, quien dijo tener actas que demuestran el triunfo del aspirante opositor. «¿Qué haremos? ¿Permitiremos el robo, seguiremos reclamando? Porque el fraude (es) monumental por todos lados», aseguró Nasralla el lunes en rueda de prensa, al llamar a la UE, la OEA y embajada de Estados Unidos en Honduras a reconocer que las elecciones fueron amañadas.

El presidente del TSE, David Matamoros, defiende que las elecciones fueron «transparentes». Defensores del tribunal sostienen que los primeros resultados que dieron la ventaja a Nasralla fueron del área urbana pero la reversión estuvo en la zona rural, donde el presidente Hernández gozaría de mayores simpatías debido a sus programas asistenciales.

Lester Ramírez, investigador de la no gubernamental Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), estimó que Hernández está en un encrucijada: «va a tener que hacer uso de la fuerza» para acallar las protestas «o llegar a un acuerdo» con la oposición para gobernar.

La candidatura de Hernández es cuestionada también porque participó en las elecciones después de lograr que la justicia invalidara un artículo de la carta magna que prohíbe la reelección. La Constitución, que no ha sido reformada, define la reelección como un delito «imprescriptible» por «traición a la patria».