La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional no debe nunca interpretarse como el inicio de un diferendo entre nuestro país con el vecino calamitoso Estado haitiano, sino al revés, como la base para reglamentar la migración sin control que prefirieron los gobiernos post-Joaquín Balaguer, a la vez instar a las autoridades haitianas a carnetizar a sus nacionales.

Esa sentencia no debe festinarla nadie, empezando por el gobierno del presidente Danilo Medina, que está obligado, en virtud del espíritu de esa sentencia memorable, a cortejarla, darle seguimiento, estructura y viabilidad para que concluya en una herramienta efectiva para solucionar el problemazo migratorio, conforme signó el ánimo de los juristas del TC…

En esa vertiente, el presidente Medina no debió promulgar el decreto 327-13 que dispone detener las repatriaciones de nacionales haitianos, que es precisamente el momento cumbre para hacerlo, entendiéndose que las autoridades haitianas con la sentencia del TC y la continuación de las deportaciones, harán su parte organizando el registro electoral de sus nacionales.

De procederse en esa dirección, como debe y tiene que ser, no solo se normalizará el problema, aunque sigan fluyendo haitianos a nuestro país, pero dotados de identificación, pero además no podrá lanzarse la peregrina acusación a nuestro país de que propiciamos los limbos jurídicos del individuo apátrida.

No existe esa figura jurídica en la Constitución haitiana, que asigna la ciudadanía a todos los descendientes de nacionales nacidos en el exterior, y una apatía sospechosa y perversa no ha organizado el registro de sus nacionales, que de hacerse, facilitará un mejor universo electoral.

Los errores son humanos, y en el único lugar donde no los hay, me insistía mi singular afecto Cuchito Alvarez, es en el cementerio. El presidente Medina debe y tiene que rectificar el suyo en este caso.