Después de un diálogo de sordos en el cual se pudo escuchar al gobierno defender la reforma fiscal que proyecta, y a las organizaciones empresariales y a otros sectores oponerse a ella, hoy es el día para el que se anuncia que el Presidente Leonel Fernández pronunciará la última palabra sobre el tema, anunciando con detalles la ansiada rectificación que enviaría al Congreso Nacional.

Está previsto también que revele por lo menos los perfiles generales del proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos para el año 2007.

Siempre se ha dicho, y ahora acaba de repetirlo el director de la Oficina Nacional de Planificación, Guarocuya Félix, que los diversos sectores del país terminan por  admitir que los impuestos son imprescindibles, o no habría Fisco, pero nadie está dipuesto a cargar con ellos.

En consecuencia la búsqueda de consenso suele ser un ejercicio frustratorio en la República Dominicana y si la supuesta unificación de criterios fuera imprescindible para dar cada paso, las funciones legislativas estarían de más permanentemente.

Para adversar la reforma fiscal se ha emitido insistemente un argumento: que el gobierno debe reducir sus gastos y hacer eficientes sus operaciones para conjurar sus déficits. Otra objeción válida ha sido: aquí siempre se crean gravámenes indirectos y regresivos en perjuicio mayormente de los ciudadanos de bajos ingresos.

Los dos criterios expuestos anteriormente augurarían que el Presidente Fernández quedaría airoso ante el país esta noche si en su discurso expone fórmulas claras y precisas para la aplicación, esencialmente, de tributos a las ganancias de capital y a los grandes propietarios de bienes y captadores de ingresos, y si revela de manera convincente que ha diseñado una política de gastos e inversiones que concede prioridad a la salud, la educación, y al orden público, recortando de manera considerable capítulos de erogaciones que en estos momentos estén sustentando funciones y cargos superfluos en la administración pública.

El “tren” administrativo

No habría forma de negarlo. La Administración Pública siempre ha estado sobrecargada de personal –que no siempre trabaja pero sí cobra- y en nuestra cultura, ese “tren” se ha usado para dar cabida a la mayor cantidad posible de gente en función de las necesidades y criterios de los señores y partidos que tienen presencia en el poder.

En los últimos decenios, después de cada triunfo electoral, la primera formalidad ha sido integrar comisiones encargadas de hacerles espacios en oficinas públicas a los activistas y amigos mejor conectados de las organizaciones partidarias que resultaron triunfadoras.

Pero los gobiernos han hecho muy poco en términos institucionales por los servidores públicos en general: los que sí trabajan y los que no. No todo es “botella” en la viña del Señor, y hay muchos dominicanos que hacen carrera encomiable en organismos estatales. Incluso, en algunas áreas de servicios brillan empleados y funcionarios de nivel profesional y experiencia que rinden una labor beneficiosa para la nación.

El secretario general de la entidad denominada Federación Nacional de Trabajadores  Estatales, señor Antonio de Jesús Aquino, afirmó antier (y rogamos poner atención a lo dicho) que muchos empleados públicos son víctimas de injusticias  salariales además de carecer de protección jurídica y social.

Su afirmación parece reafirmar la impresión generalizada de que con frecuencia la contratación de personal es para el Estado un acto sin planificación, y que no responde al propósito de llenar verdaderas funciones en el tal “tren público”.

De ahí la permanente existencia de nóminas y “nominillas” adicionales o complementarias.

Una suerte de repartición a costa de los contribuyentes.

Ese es un mal que debe desaparecer.

Ese es un mal que explicaría en parte la renuencia de tantos sectores a la creación de impuestos.