Uno de los problemas que más perjudican la economía del país es la deficiencia del suministro de electricidad. Y toda práctica que contribuya a agravar ese mal tiene que ser combatida  con los instrumentos legales creados para tales fines. Las pérdidas del sistema y los fraudes representan una proporción muy alta de los costos de la electricidad y constituyen una fuerte penalización para la economía del país.

La reciente detección de un cuantioso fraude en una empresa de Santo Domingo Este,  en perjuicio del sistema eléctrico, obliga a replantear la necesidad de que sea aplicada con todo rigor la Ley 186-07, que criminaliza este tipo de práctica y modifica la Ley General de Electricidad (125-01). Por demás, ese hallazgo confirma que las grandes evasiones de pago no son una responsabilidad exclusiva de los usuarios de bajo consumo.

El país necesita afianzar el respeto  de las  reglas que rigen nuestro comportamiento como sociedad. Para lograrlo, la persecución del fraude debe regir por igual para los usuarios como para los suplidores. El fraude no solo se comete por medio de  prácticas  como las detectadas en una empresa de Santo Domingo Este, sino también cuando los proveedores cobran por una energía que no han suministrado, como ocurre con mucha frecuencia en este país.

¿Cuestión de ley o de voluntad?

Para que la ley surta sus efectos en la sociedad, la voluntad de la autoridad necesariamente tiene que darle una manita. Si en este país aplicáramos como debe ser la Ley 241 con sus modificaciones, de seguro no tendríamos el caos que hoy en día tenemos en el tránsito. La mejor de las leyes se convierte en letra muerta cuando le falta el empuje de la voluntad  de la autoridad que debe hacerla cumplir midiendo a todos con el mismo rasero.

La reflexión se inspira en el proyecto de Código de Tránsito y Transporte Terrestre que están preparando las autoridades y que endurecerá sanciones para los conductores reincidentes en violación de las normas. Es elogioso que nos ocupemos de tener cada vez mejores códigos y leyes. En esa materia -hay que admitirlo- el país ha logrado avances extraordinarios en poco tiempo. En lo que tenemos malas calificaciones es en la voluntad para hacer respetar las maravillosas leyes que creamos.