Hoy 
A riesgo de que la comunidad internacional derive impropiamente a resignarse ante lo que sería el hecho cumplido, la sucesión de falsedades con encubrimientos violatorios de las más elementales normas democráticas persiste en Venezuela en vías de una inaceptable usurpación del poder por un régimen de oprobio. Su negación a la transparencia con ocultamiento de las actas sujetas a verificación por entes de absoluta neutralidad (comprobada la parcialidad de autoridades electorales) la ilegitimidad del siguiente mandato presidencial en la patria de Simón Bolívar es lo único que jurídica y políticamente resulta como consecuencia.
No procedería ninguna fórmula que implique desconocer, aun sean mínimamente, la voluntad popular documentada a plenitud aunque no oficializada todavía mediante copias de valor legal. Esta monumental estafa no merece otra enmienda que la validación plena de los sufragios emitidos por el digno y sojuzgado pueblo venezolano aunque para superar de manera incruenta la enormidad de esta agresión a los usos democráticos se pudiera prescindir de consecuencias penales inmediatas.
La doctrina de no intervención entre los Estados no es recurrible cuando se atropellan los derechos humanos de todo un pueblo. El derecho internacional y convenciones hemisféricas vigentes, cuya aplicación contribuyó a la liberación de la nación dominicana de las garras de Trujillo, son de suficiente y vigoroso fundamento para combatir sin tregua el burdo desconocimiento a la decisión tomada en las urnas por el pueblo venezolano.
