La muerte en territorio dominicano de 24 inmigrantes ilegales haitianos que eran transportados en un furgón desde su país hacia el nuestro reafirma, con una expresión muy dolorosa, que las omisiones y complicidades en la frontera superan la efectividad de toda vigilancia, llámese «Operación vaquero» o como se llame.

Este suceso –y no lo olvidemos- coloca a la República Dominicana en la platina del microscopio de organismos internacionales, como un Estado que no acaba de asumir con la responsabilidad debida el problema de la inmigración furtiva desde Haití, del cada vez más intenso trasiego de ilegales hacia nuestro territorio, y de las complicidades descaradas que operan de lado y lado.

Sorprende que justamente cuando se hace galas de reforzamiento de la vigilancia fronteriza y se rinden con euforia informes sobre los «éxitos» de «Operación vaquero», se «cuela» hacia este lado un camión cerrado y que nadie se preocupa por abrir para verificar su contenido, y que resulta atestado de indocumentados haitianos, que aún siendo tan humanos como nosotros, eran transportados de manera tan inhumana que veinticuatro perecieron supuestamente asfixiados.

A estas horas, no sólo deben estar bajo arresto quienes tienen por misión custodiar la frontera, sino también inspectores de Migración y de Aduanas, que no repararon en la «mercancía» que transportaba este camión, o que pudieron omitir el registro deliberadamente para cobrar por el «descuido».

-II-

Con la muerte de estos haitianos, que hay que asociar a omisiones cómplices en los puestos de chequeo de la frontera y varios puntos de vigilancia y registro en territorio dominicano, necesariamente hay que preguntarse cuántos de estos viajes logran «colarse» y llegar sin percance a su.

Las circunstancias de esta tragedia obliga a que el Gobierno actúe con presteza en el establecimiento de responsabilidades, sean de quienes sean, y aplicar un castigo que pueda servir de disuasivo para quienes viven de negociar trasiego de inmigrantes.

Lo obliga a asumir la responsabilidad de hacer que se respeten las regulaciones locales para la contratación de mano de obra para labores agrícolas, construcción y cualesquiera otras, así como el tiempo de permanencia en el país de los contratados. Lo obliga a intervenir sin miramientos en las relaciones laborales entre sus patronos y esos haitianos a quienes necesidad de vivir obliga a aceptar tratamiento vejatorio y paga injusta.

Ha llegado la hora en que la responsabilidad debe ser el principal soporte de la actitud del Gobierno ante el problema de la inmigración haitiana y los perjuicios que ha acarreado al país.

No se puede andar pregonando con bombos y platillos el éxito de operaciones de vigilancia que en el que debe ser su punto culminante, se ven desmeritadas por circunstancias como las que permitieron que vinieran a morir a territorio dominicano decenas de haitianos transportados como animales en un camión que «no fue visto» por la vigilancia. Es hora de ser responsables.