Por ALTAGRACIA ORTIZ G.
“Luisa Pérez” es el nombre de una doctora que se infectó del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y que a pesar de su condición de profesional de la salud fue rechazada en diferentes centros de atención públicos y privados, a la hora de brindarle atención. “Para ingresarla en un centro de salud tuvimos que amenazar con ir a los medios de comunicación, sólo así la ingresaron, pero después nadie quería medicarla”, informó una doctora amiga de “Pérez” que estaba ayer en condiciones críticas de salud.

En la actualidad, la profesional se debate entre la vida y la muerte en un centro de salud, pero allí ha habido problemas para medicarla. Sólo su esposo, también positivo a la enfermedad y una red de médicos amigos ha logrado luchar para que “Pérez” reciba un trato digno, como ser humano. Se trata de una madre joven, casada y con un niño de cinco años de edad.

Tal es el nivel de discriminación que los propios compañeros de trabajo de la doctora infectada la rechazaron, lo que comprueba los resultados de un estudio en el que se estableció que es alto el nivel de rechazo que aportan médicos, enfermeras y bioanalistas.

Con los colegas de la doctora “Pérez” fue necesario hacer intervenciones que los llevaran a acoger con afecto a su colega enferma. En efecto, la práctica dio resultado, pues se trató de una médico residente, sobresaliente en su área.

El temor que expresan algunos médicos es a infectarse” a mí qué me garantiza el Estado, qué le dan a mi familia si yo me infecto y muero”.

La epidemia de SIDA afecta en forma importante al núcleo familiar, debido a la orfandad a que son sometidos los niños cuyos padres mueren cuando ellos son todavía muy vulnerables.

Las denuncias recientes de Amnistía Internacional se referían a los fuertes niveles de discriminación que existen en el país contra la población infectada. También existe una especie de condena moral contra las personas infectadas de SIDA, por parte de quienes los rodean. La discriminación persiste, a pesar que de existen tres leyes que norman el sistema de salud, la 42-01, la 87-01 y la de SIDA, la 55-93. El mayor temor que se expresa sin palabras entre los médicos y enfermeras es a infectarse en un cambio de jeringuillas. No han bastado los numerosos cursos y talleres recibidos por parte de los organismos que  dirigen la política estatal contra el SIDA.

“La discriminación es un problema grave y pasa por los prestadores de servicios de salud, familiares de los pacientes o los propios centros que argumentan que no hay camas para ingresar pacientes”, sostuvo el doctor Ángel Almánzar, director de la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA (DIGECITSS).

El país ha sido favorecido con donaciones millonarias en dólares, todas ellas tienen consigo el compromiso de que el país  trabaje en contra del estigma y la discriminación social.

Almánzar está claro en que el personal de salud es el que más rechaza al paciente que padece SIDA, sostiene que aunque se intenta cambiar la mentalidad de ese personal, el estigma y el rechazo constituyen una realidad vergonzante e indigno.

“En los hospitales del Estado la resistencia a ingresar pacientes con SIDA es evidente, sólo el hospital Salvador B. Gautier lo reciben sin problemas, pero nosotros pagamos la cuenta”, sostiene el doctor Almánzar.

En ese sentido, las autoridades se proponen dejar abierta cinco nuevas unidades de atención integral a pacientes que padecen SIDA.

En la actualidad, la Red de Personas que vive con el SIDA (REDOVIH) se encarga de los procesos legales a personas que tienen la enfermedad y que enfrentan situaciones difíciles a la hora de recibir tratamiento.

En la problemática SIDA, las mujeres representan el grupo más vulnerable, estigmatizado y pobre, de acuerdo a un estudio presentado recientemente por Amnistía Internacional.

La gente no percibe la eficiencia de un sistema de salud, por lo cual todo se dificulta, tampoco existe un sistema de información para que los usuarios sepan los derechos que tienen.