Los hospitales públicos, sea que correspondan al sistema de la Secretaría de Salud Pública o al del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, son rutinariamente la causa de informaciones periodísticas sobre condiciones de crisis, unas veces por falta de medicamentos o instrumentos o por el mal estado de instalaciones físicas.
En ocasiones se da a conocer que tal o cual centro asistencial ha quedado por días enteros sin energía eléctrica por efecto mismo de la extensión de los apagones.
Otros casos difíciles sobrevienen por el agotamiento de partidas presupuestarias, lo que impide reponer piezas y accesorios a los únicos equipos a los que tendrían acceso pacientes pobres, como los que necesitan diálisis para evitar que su salud empeore.
Otro género de complicaciones que azotan de manera alternada a las redes hospitalarias oficiales son las paralizaciones de labores de médicos, tecnólogos y enfermeras.
El detonante para que el mal de turno sea la ausencia de profesionales de la medicina es, por lo regular, de orden salarial. Muchos médicos dominicanos parecerían condenados a un ejercicio en el que dedican la mitad de su tiempo a las afecciones de los pacientes. El otro 50 por ciento es para luchar porque esa labor les sea bien pagada.
La recurrencia de vicisitudes en los servicios asistenciales se expresa con diversidad de nombres y lugares y grados de intensidad. El hospital Darío Contreras, el centro de traumatología por excelencia, puede aparecer varias veces en el año con agudas carencias de material quirúrgico o reflejando incapacidad para atender emergencias.
El Robert Reid, con un personal competente e incluso abnegado, suele ser sin embargo puesto a prueba uno que otro mes, porque la Secretaría de Salud difícilmente reaccione a tiempo con flujos de suministros ante súbitos incrementos de enfermedades infantiles. Por referimiento, allí llegan pacientes de todo el país.
En la lista de inconvenientes que emergen con regularidad en los hospitales públicos figuran no solo plantas dañadas, equipos subutilizados y colocación de pacientes en pasillos por congestionamiento de salas o el cierre parcial de instalaciones, como se da en estos momentos en el hospital Jaime Olivier (IDSS) de San Pedro de Macorís.
También se llega a deterioros como los que se palpan en el Luis Eduardo Aybar, donde no aparecía anteayer ni una jeringuilla, y las pésimas condiciones ambientales se reflejaban con plagas y alimañas en algunos sitios.
Es tiempo de que las situaciones críticas de los centros de salud motiven una convocatoria a toda autoridad, tanto del Estado como de organizaciones particulares vinculadas al sector y organismos internacionales para trazar acciones conjuntas que garanticen un flujo constante de suministro y que se tomen medidas extraordinarias para la rehabilitación de instalaciones.
Urge estudiar el funcionamiento de los centros de salud en los últimos tiempos para prevenir la agudización de los problemas. La persistencia de las crisis ha debido, por lo menos, propiciar el desarrollo de métodos eficaces para el
manejo de situaciones que continuamente afectan los servicios asistenciales.