Para ofrecer servicios al amparo de la Seguridad Social, los hospitales públicos y clínicas privadas han debido agotar un proceso de habilitación que consiste, básicamente, en actualizar técnicas y procedimientos de atención en salud.

Sin embargo, todavía es la hora que solamente un 15% de los centros públicos ha llenado este requisito de  ley.

Es un descuido mayúsculo que de 153 grandes hospitales, solo 23 han agotado el proceso de habilitación.

Desde luego, en el caso de los hospitales hay que tomar en cuenta si el atraso se ha debido en alguna medida a problemas de índole financiera, o si las fallas han sido de carácter administrativo interno.

También habría que ver si han cumplido con su deber aquellas instancias encargadas  de supervisar y auditar cada paso de este proceso, que debe influir de manera decisiva en la calidad de los servicios hospitalarios. 

De cualquier modo, nada justifica el atraso.

El Ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, ha llamado a acelerar la habilitación en aquellos hospitales que aún no lo han hecho. Se entiende que en diciembre vence el plazo para completar esta tarea y que se hará lo necesario por poner al día todo lo que concierna a calidad de servicio de salud.

Uso de tóxicos prohibidos

El Gobierno tiene instancias encargadas de regular la comercialización y uso de sustancias peligrosas por su toxicidad o por otras características que pueda ocasionar daño. Los pesticidas y plaguicidas, así como algunos fertilizantes, entran en esta categoría.

De ahí que sea difícil comprender cómo en el país se continúan vendiendo y empleando en la producción agrícola sustancias que han sido sacadas de mercado por decisión de la Organización Mundial de la Salud. El mes pasado, en la comunidad Amiama Gómez, de Azua, tres niños murieron por haber ingerido metomil, un plaguicida de uso restringido por su altísima toxicidad.

La proliferación de sustancias prohibidas por su capacidad tóxica implica que los controles no están funcionando correctamente y que el mercado puede más que la autoridad. Eso es dañino para la salud y para nuestro intercambio comercial con países que toman muy en cuenta las trazas tóxicas en productos agrícolas.