LUIS FCO. OVIEDO MOQUETE
Tenía en agenda referirme a la protesta por la muerte de un joven ciudadano hace unos meses en circunstancias que nunca son suficientemente establecidas en este país, siempre queda la duda. Este joven murió en un establecimiento privado, el cual fue condenado por las autoridades, no sabemos si con razón o sin ella. Un artículo aparecido en este prestigioso diario cuyo autor es un colega que ha tenido puestos gerenciales en un hospital de la metrópolis (deberemos acostumbrarnos a llamar así a Sto. Dgo.), me hizo recomponerlo pues el mismo enfoca brillantemente lo que queríamos exponer a propósito. Sin embargo queremos, aparte de externar nuestro apoyo a los criterios vertidos, agregar algunas cosas que nunca se dicen, pero que vienen a completar la idea que quiero exponer.

Quien me conoce, y sobre todo mi familia, sabe que si me ocurre en el trajinar de la vida un accidente, donde deben recurrir de primera intención es al Hospital Darío Contreras, sí, a ese hospital con su destartalada e insuficientemente espaciosa emergencia, con sus bancos en muchas ocasiones sucios, con sus olores fuertes, etc., pero con servicios especializados presentes 24 horas y con un banco de sangre disponible siempre, que constituyen las bases donde se fundamenta la garantía de la vida. El punto débil en ese sentido es la atención pre-hospitalaria, o sea en el sitio del accidente, donde por no hacer lo que se debe, se acrecientan lesiones leves.

La exigencia económica del depósito en las clínicas, y que tienen su justificación en el hecho de que son empresas privadas y tienen que cubrirse, es solo una parte de la burocracia que en ocasiones obstaculiza o retarda la atención inmediata, pero no es la única, pues la llamada y localización del especialista de turno es verdaderamente difícil en muchas ocasiones. Entiéndase que no hablamos de todas las clínicas privadas, pues hay sus excepciones que son, por regla, las que tienen programas de residencias médicas.

Pero además de todo esto, hay un aspecto bastante delicado que nadie nunca ha querido divulgar por lo delicado y hasta chocante con aspectos bioéticos como lo es el manejo diferente que se dan al mismo caso tratándose de si es un hospital o si es en una clínica. A ustedes le parecerá absurdo, pero un mismo especialista en ambientes diferentes maneja la misma patología o enfermedad de diferente forma. O sea, en otras palabras, que una acción se lleva a cabo en un momento dependiendo de si es en el establecimiento público (hospital) y asegurado o privado (clínica). Esto ocurre a diario y lo sabe y lo acepta todo el mundo, lo cual es una barbaridad. Ocurre por diferentes motivos y entre ellos sobresale la forma de pago a los médicos que en las clínicas se hace por procedimientos y que en el hospital el mismo servicio se paga en el sueldo. Los casos en los que se dan esas situaciones tenemos ejemplos en cesáreas, apendicetomías, hernias, legrados y otros principalmente.

La conclusión que me surge en el lamentable caso de referencia es eso mismo: lamentación y ahí quedamos, pues la privatización de servicios esenciales como son la salud y la educación, nos imponen las reglas del juego. Este comportamiento de los gobiernos es lo que deja en las manos de unos cuantos el dinero del pueblo. No dudemos que si se hace un sondeo en la población la mayoría preferirá los servicios privados (clínicas y colegios) antes que los públicos (hospitales, escuelas y universidades públicas) y sabemos muy bien la razón.

Aquí tenemos un motivo fundamental para que la ley de Seguridad Social se dilate. En esta cada quien cobrará por producción, pero además los hospitales y clínicas van a tener que manejarse con protocolos de atención por patología y unas rígidas y claras normas en las que no deberán producirse dilaciones, obstáculos ni discusiones en los tratamientos. En la concepción y puesta en vigencia de la ley, se han completado esos protocolos de atención para las patologías más comunes, pero las mantienen guardadas por esos intereses; (Otro escollo importante para la vigencia de la ley, es la politización de la propia Secretaría de Salud Pública, donde el clientelismo derrocha dinero en nombramientos políticos, pero eso es otro tema). La ley de seguridad social no puede seguir en el debate de si se acomoda o no a unos intereses sean profesionales, políticos o económicos, es hora de que los sectores sensatos de la sociedad intervengan para que se conviertan en el instrumento más importante para el pueblo y que así como nos convertimos en metrópolis o en Litle New York también no tengamos la dicotomía de desmontarnos de un metro moderno y tener que sentarnos en los bancos de emergencia de Robert Reid Cabral a recibir un servicio sin calidad y carente de los recursos para brindar un servicio acorde con los tiempos. Debemos crear conciencia que todo progreso moderno puede ser útil, sino, no le damos su lugar en el orden de prioridades a la Seguridad Social que pautará de una vez y por siempre la salud de todos los dominicanos.