L as relaciones entre los ayuntamientos y el Gobierno perdieron su armonía desde hace algún tiempo.
Por coincidencia o por lo que fuere, las disparidades se iniciaron a raíz de arrancar la presente campaña electoral. Se trata de una situación que ha venido afectando la fluidez de las finanzas de los ayuntamientos.

La Secretaría de Interior y Policía ha estado ejerciendo con mucho celo su responsabilidad de fiscalizar el uso que los ayuntamientos dan a los dineros que reciben en virtud de las disposiciones de la ley 166-03.

Ese ejercicio, sin embargo, ha retardado el libramiento de los fondos de los ayuntamientos y los ejecutivos municipales, en su mayoría opositores, lo han interpretado como hostilidad política. Hasta el último momento han afirmado que están al día en la rendición de informes financieros a Interior y Policía.

-II-

En medio de una campaña electoral los ayuntamientos controlados por la oposición, que interpretan como hostiles los requerimientos de Interior y Policía, amenazan con efectuar un paro de actividades municipales, lo que afectaría servicios públicos muy importantes para la comunidad.

La intención de ir a un paro persiste a pesar de los llamados en contrario hechos por dirigentes políticos, inclusive alineados en la parcela que controla la mayoría de los ayuntamientos.

Un paro en los servicios municipales penalizaría a los ciudadanos de los municipios donde sea efectuado, haciéndoles pagar las consecuencias del tratamiento áspero que predomina en las relaciones entre el Gobierno y los ayuntamientos.

Se entiende que los perjuicios serían mayores que los habidos hasta el momento, a pesar de que los retardos en la entrega de fondos realmente causan molestias en el desenvolvimiento de los gobiernos municipales.

-III-

Lo ideal sería que los ayuntamientos se mantengan al día en la rendición de los informes financieros sobre el uso de los recursos que reciben y que la Secretaría de Interior y Policía, a su vez, ejerza su función fiscalizadora de modo que el flujo de recursos financieros hacia los gobiernos municipales se ejecute dentro de los plazos habituales o convenidos.

Para que eso resulte como lo planteamos, ambos, Gobierno y ayuntamientos, tendrían que poner de su parte y asumir decisiones que faciliten el objetivo señalado.

Lo que no puede continuar ocurriendo es que haya una situación de constante incomodidad entre estas partes.

Un buen paso hacia la distensión sería que los ayuntamientos renuncien  a la intención de paralizar los servicios municipales, pues no deberían propiciar situaciones molestas para los munícipes, que no han tomado partido en estas hostilidades indeseables.