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Tras el cierre total de la hostelería decretado por la Generalitat Valenciana, en España, los hoteleres pidieron la suspensión del pago del IRPF previsto para ayer, así como el del IVA y las cuotas de la Seguridad Social que se deben ingresar el próximo 30 de enero, cuando aún estará vigente el cierre total bares y restaurantes.
Para el presidente de Conhostur y Hostelería Valencia, Manuel Espinar, la medida de cerrar la hotelería “es una decisión política y asegura que nos han utilizado como moneda de cambio”.
“Todos los políticos que nos querían cerrar, que son los que conforman el Botànic excepto el PSPV, van a hacer que mañana haya muchas más familias en el paro”.
Por su parte, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) «entiende y asume la necesidad de tomar medidas», pero pide que no se haga responsable a los sectores de la hostelería, del ocio o del comercio de la escalada del virus. En un comunicado, la CEV pronostica que las nuevas limitaciones para la actividad económica tendrán «un grave coste en número de empresas abocadas al cierre y en pérdidas de puestos de trabajo».
Propone así la inmediata puesta en marcha del ‘plan Resiste’.
