En reiteradas ocasiones el Senador de la Provincia de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, ha reiterado su deseo de ser juzgado en justicia y ha comparecido con una flotilla de abogados, duchos, experimentados, para que quede claro su inocencia, lo que sería lo más conveniente para sí y para la sociedad, hastiada de show político, justicia complaciente, imputaciones y dolorosas impunidades.

Pero, al parecer, los abogados de la defensa no comparten ese criterio. No quieren que la justicia actúe, quizás temen el riesgo de un juicio imparcial, objetivo, contradictorio que determine la veracidad de los hechos imputados a su defendido, que desencadene algo más.

A esa conclusión se llega por los constantes incidentes rechazados y finalmente la osada impugnación de la competencia de la Suprema Corte bajo la especie de que el caso del Senador Bautista fue sometido y conocido por el Director del DEPRECO, Hotoniel Bonilla, quien no encontrando prueba alguna suficiente y sostenible que ameritara un juicio a fondo, en uso de sus atribuciones, ordenó el archivo definitivo del expediente.

Consumatum est! De nada valieron berrinches y apelaciones. Lo dicho, dicho está y así se queda, por lo que es improcedente otro sometimiento ante cualquier otro tribunal, incluyendo la Suprema Corte.

Es lo que alegan y proponen los abogados de Félix Bautista ante el juez de instrucción Dr. Moscoso Segarra designado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Germán, harinas de un mismo costal.

Se dirá con firme convicción que los abogados hacen su trabajo. No quieren correr riesgo alguno o devaneo que dañe la imagen de su representado cuya inocencia se presume y tiene derecho a ser defendido a toda costa, por todos los medios posibles, siendo validas las triquiñuelas, artimañas y otras armas que pudieran contrariar la ética profesional, transgredir lo que debe ser la misión y mayor responsabilidad del abogado: ser valioso auxiliar de la justicia, rezagado en los libros ¡El fin justifica los medios!, da ganancia de causa y, como es natural, pingües beneficios.

Aducir un derecho humano, universalmente aceptado, “non bis in idem”, “nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”, aun ignorado por la Constitución, no es un alegato baladí, siempre que sea esgrimido con sólido fundamento jurídico.

En el caso de la especie se nos coloca en una incómoda disyuntiva: ¿tiene un acto administrativo, definido como “una opinión, deseo o razón” que emana unilateralmente de un funcionario dependiente del Estado, poder vinculante como para echar abajo todo el andamiaje del Poder Judicial, único de la trilogía de los poderes que conforman el Estado, “independiente” (sic) del poder político? ¿Esta el “fiat” administrativo por encima de su sagrada misión del Poder Judicial de administrar justicia, juzgar y decidir conforme con la Constitución, la ley y el derecho? O sea ¿Puede un funcionario administrativo, imponer su decisión sin contravenir la Constitución de la República? Parece algo absurdo, desorbitante.

Habrá que esperar. “La justicia justa nunca ha existido.” Está por verse.