JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Me atrevo a presumir que a muy pocos llamó la atención la información de que 7 mil 181 miembros, oficiales y clases de las tres ramas de las Fuerzas Armadas fueron expulsados en dos años, involucrados en una amplia gama de delitos. Porque hace tiempo que perdimos la capacidad de asombro y vemos como normales las peores barbaridades. La información fue publicada por el Diario Libre el miércoles 8 de noviembre, bajo la firma del destacado reportero Leoncio Comprés. La puse bajo cuestionamiento, ya que se trata nada menos que de la sexta parte, uno de cada seis aproximadamente, de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra.

Y que fueron expulsados por haberse involucrado en delitos de narcotráfico, contrabando, asaltos, robo, secuestros, atracos, viajes ilegales, falsificaciones y otros, entre los cuales sin duda está el asesinato.

Alarmado llamé al reportero para precisar y me ratificó sus datos, obtenidos en fuentes autorizadas de las entidades militares.

En relaciones públicas de la Secretaría de las Fuerzas Armadas no tenían información al respecto, todavía el viernes, dos días después de la publicación.

Evidentemente, tampoco allí esas cifras habían causado alarma.

Que de ser falsas tenían que haber sido corregidas cuanto antes, por el bien de esas “gloriosas instituciones”. Según el informe entre agosto del 2004 y agosto del 2006 fueron separados del Ejército Nacional 5,200 miembros, entre ellos 54 oficiales. De la Marina de Guerra expulsaron a 618, incluidos 28 oficiales.

En cuanto a la Fuerza Aérea no había precisión, pero se estimaron en mil 363.

Y las cancelaciones prosiguen, incluyendo oficiales. No se precisa cuántos han sido sometidos a la justicia ni cuántos sancionados. Si a eso sumamos los miembros de la Policía Nacional que también son expulsados por actividades ilícitas, las razones para alarmarnos son todavía mayores.

El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, ha hablado de miles en su gestión de poco más de dos años.

El general Bernardo Santana Páez dijo el 2 de agosto pasado que en su gestión de un año había cancelado a 670 policías, de los cuales 308 fueron sometidos a la acción judicial. Por su parte el general Rafael Ramírez Ferreiras, titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas, informó que en menos de tres meses que lleva al frente del importante organismo investigativo ha despedido a más de 600 miembros, “por negligencia y apatía” en el cumplimiento de sus deberes. Al parecer en esta institución los botan antes de que lleguen al delito, aunque frecuentemente las informaciones de prensa indican lo contrario. Cifras más o menos, no parece haber dudas de que son miles de delincuentes criados al amparo de las instituciones destinadas a la seguridad nacional y al combate a todas las expresiones de la delincuencia. Que para delinquir emplean las armas y los uniformes que el Estado les proporciona.

Hay razones para presumir que en su gran mayoría esos delincuentes quedan en la impunidad. De entrada ya se ha denunciado y admitido que los de la Policía tienen hasta cárceles especiales, en los mismos cuarteles de la institución, donde evidentemente tienen un régimen especial. Alegan que con los delincuentes civiles no se garantiza su seguridad, lo cual es un pretexto inaceptable. Bastaría con agruparlos en las cárceles. La gran pregunta es qué hacen todos esos hombres entrenados en el uso de las armas y de la fuerza física, una vez pierden la membresía militar o policial.

Cuántos de ellos pasan a engrosar las filas del creciente número de bandas de delincuentes que proliferan por todo el país.

La situación es de extrema gravedad. Es difícil que en cualquier acto delictivo que involucre a varias personas no haya algún miembro activo o cancelado de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la DNCD.

Se trata de una expresión del nivel de descomposición y corrupción que está alcanzando esta sociedad, donde cada semana se descubre un escándalo o una nueva forma de estafar, de robar o apropiarse hasta de los cables del tendido eléctrico y el lecho de los arroyos y cañadas. Estamos tan acostumbrados al latrocinio y la expropiación que ya pocas cosas nos causan asombro.

Tampoco ha causado alarma la auditoría de la Cámara de Cuentas que reveló que las compras del comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se hacían con precios sobrevaluados entre un 35 y100 por ciento.

 Algo impensable en la UASD de hace pocos años.

Estruja el ánimo la comprobación de la creciente descomposición en la nación y la convicción de que prevalece la impunidad en todos los niveles, como si entre los agentes públicos prevaleciera la consigna de hoy por ti, mañana por mi.