El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, manifestó ayer que se opone de manera categórica a la privatización de los medios de transporte público del Estado, alegando que la alianza público-privada nunca ha funcionado en el país.

A partir del lunes empezaron a circular rumores de la posible privatización del Metro de Santo Domingo, el Teleférico y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) a través de una alianza público-privada, y desde entonces no han cesado las oposiciones y críticas sobre el tema.

De su lado, Hubieres expresó que el Gobierno no debe entregar esos medios de transporte al sector privado, para luego tener que subsidiarlos, y se puso a disposición del presidente Luis Abinader para manejarlos él de forma honorífica.

El dirigente transportista se mostró en desacuerdo con la supuesta privatización del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavárez (Incart) y alegó que con las privatizaciones del centro y el sistema de transporte público, se produciría en el país “la segunda ola de privatización”.

“Lo del Estado que lo administre el Estado. El sector privado fracasó, ahí está el ejemplo del Consejo Estatal del Azúcar que mantiene las provincias empobrecidas, están las empresas de electricidad que no funcionan, está la Plaza de la Salud que tiene el presupuesto de dos hospitales. Si el Gobierno no tiene capacidad para dirigir las empresas del país que busque técnicos”, reclamó Hubieres.

En otro orden, Hubieres informó que desde ya los transportistas exigirán la prestación del 80% de lo acumulado en sus fondos de pensiones, para paliar la crisis económica que les ha generado la pandemia del coronavirus.

El dirigente explicó que a partir de las medidas preventivas contra el coronavirus, la economía de los choferes ha mermado debido a que están transportando menos pasajeros y a que no hay muchos viajes desde las provincias hacia Santo Domingo.

En cuanto a los precios de los combustibles, Hubieres afirma que sin modificar la ley estos pueden bajar de un 25 a un 30 por ciento y que su alto costo se debe a que “hay una mafia en el sector, sobre todo en el gas licuado de petróleo”.