Hubieres fue a prisión, pero luego lo libertaron

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El Procurador Fiscal del Distrito Nacional dispuso anoche la prisión de Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), después de interrogarlo durante unas diez horas en relación a la acusación que le hace el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre de distraer millones de pesos cobrados a sus miembros. Pero después de permanecer en prisión alrededor de hora y media, el juez   Alejandro Vargas lo puso en libertad debido a que su prisión no fue dispuesta por un juez competente. 

Hora y media después de ser apresado por orden del fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, el  presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, fue liberado mediante un Habeas Corpus por el juez de la atención permanente, Alejandro Vargas, que determinó que su prisión era irregular.

Los abogados del sindicalista sometieron el recurso sobre la base de que su detención era ilegal, porque no había sido  ordenada por un juez competente.

Hubieres fue acusado de distracción de recursos por el   Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet) y  sometido por Moscoso Segarra a un interrogatorio de unas 10 horas, que se inició a a las 10:00 de la mañana y concluyó a a las 8:00 de la noche.

 Concluido el cuestionamiento, el magistrado ordenó el apresamiento de Hubieres alegando que se habían encontrado indicios para apresarlo y dijo “que en las próximas horas solicitaría medida de coerción en su contra”. El dirigente choferil fue trasladado a una celda del Palacio de Justicia, pero antes declaró que su prisión fue una decisión de Abelito (refiriéndose al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Abel Rodríguez del Orbe).

 “Una decisión abrupta,  una decisión cobarde, sencillamente alegando que Fenatrano  le debe seis millones de pesos al Gobierno, cuando el Gobierno le debe cerca de RD$60 millones  que no se los paga”, afirmó.

El Fondet acusa a Fenatrano de abuso de confianza  contra del patrimonio del Estado. De acuerdo   con la institución, la federación de transporte “retuvo, distrajo o disipó en perjuicio del Estado dominicano” más de  RD$6  millones que  habría cobrado a sus afiliados y no los entregó al organismo.

Hatuey De Camps acudió anoche a la Fiscalía.