El destacado periodista Luis Eduardo Lora (Huchi Lora) declaró ayer que “del secretismo, la OPRET ha pasado a una acción de relaciones públicas que no responde a las preguntas que se le han hecho”.

El productor de televisión se refirió así a la comparecencia del director de la OPRET, ingeniero Diandino Peña, a un conversatorio sobre el Metro con ejecutivos y periodistas del Listín Diario.

Dijo que el influyente funcionario mostró muchos papeles, pero ninguno de los que le han sido solicitado formalmente y los que un tribunal ordenó entregar sin dilaciones.

A continuación las declaraciones del periodista Huchi Lora enviada anoche a este diario: 

El director de la OPRET, ingeniero Diandino Peña, mostró al Listín Diario muchos papeles, pero ninguno de los que hemos solicitado, que son los siguientes:

Copia de los planos aprobados a esa oficina por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, para la construcción de las diferentes obras relativas al Metro de Santo Domingo, incluyendo:

-El viaducto elevado de Villa Mella; -El blindaje de los túneles mineros; -La avenida marginal a los ríos Isabela y Ozama; Además, copias de los estudios geofísicos y geotécnicos relativos a la indicada obra, a saber: -Estudio de refracción sísmica para medir las velocidades de propagación de las ondas sísmicas de corte a todo lo largo del trazado; -Estudios de geo-resistividad eléctrica para identificar la presencia de cavernas y bolsones arcillosos bajo el piso del túnel del Metro; -Estudios de geo-radar para identificar la presencia de tuberías a lo largo de las rutas a intervenir;

-Las aceleraciones esperadas en los suelos de Villa Mella en caso de un sismo de magnitud superior a 7 grados en la escala Ritcher.

Todo cuanto ha hecho la OPRET, desde el momento en que solicité esas informaciones, muy puntuales y específicas, ha sido evadir la respuesta. Ahora va a un medio que no le ha preguntado nada a llevar documentos que nadie le ha pedido, pero sigue sin presentar los estudios que le hemos solicitado.

Del secretismo, la OPRET ha pasado a una acción de relaciones públicas que no responde a las preguntas que se le han hecho.

Las declaraciones de la OPRET revelan que ese organismo, para empecinarse en su negativa a entregar los estudios solicitados, está escasa de argumentos, pues se aferra a la explicación de que la revelación de esos planos puede constituir un peligro, cuando nosotros le hemos reiterado que no nos interesan los planos, sino su aprobación por Obras Públicas.

En sus declaraciones al Listín Diario, la OPRET parece confesar que no tiene aprobación de planos ni ha hecho estudios de suelo, cuando su abogado Antonio Delgado manifiesta lo siguiente:

“El Estado Dominicano no está supuesto a aprobar planos en relación a carreteras, puentes y otras estructuras que ejecuta”.

“La tradición muestra, como el Estado hace esas obras a través de Obras Públicas, él mismo es el supervisor de la calidad y seguridad”, enfatizó Delgado, al tiempo de citar el Faro a Colón o el Puente Higuamo, entre otras obras, que no necesariamente requieren aprobación de planos”.

Merecen una discusión a fondo estos alegatos, pero si la OPRET los da por buenos, bien pudo usarlos como respuesta a nuestra solicitud, en lugar de alegar “seguridad del Estado”.

En su visita al Listín Diario, el ingeniero Peña también parece admitir que no se hicieron los estudios de suelo solicitados por nosotros. He aquí lo que le dijo al Listín: 

“Dijo que el geólogo a cargo del Metro recomendó que algunos estudios eran innecesarios”.

Sin embargo, no aclara cuáles son los estudios que según él resultan innecesarios, ni mucho menos informa cuáles fueron los que sí se hicieron, si es que se hicieron algunos.

Sus argumentos todavía dejan más dudas:

“Peña consideró que sí no se hubiesen hecho los estudios y tomado las previsiones de lugar, la obra hubiese estado en estado de accidentes permanentes”. Resulta que ya se han presentado accidentes de rotura de tuberías importantes, como sucedió en la avenida Máximo Gómez, lo cual se hubiera evitado si se hubiese realizado el tercer estudio de suelo solicitado en nuestra lista:

“Estudios de geo-radar para identificar la presencia de tuberías a lo largo de las rutas a intervenir”.

Conste que esa rotura de tuberías ocurrió antes de nuestra solicitud, hecha el 18 de enero de 2007.

Además, cuando los trabajos de túneles fueron suspendidos en la calle Correa y Cidrón, dos ingenieros de la obra declararon al Diario Libre que se encontraron con “sorpresas” en esa vía, ya que esperaban suelos rocosos y resultaron arcillosos.

Paraeso era el segundo estudio de suelo solicitado por nosotros:

“Estudios de geo-resistividad eléctrica para identificar la presencia de cavernas y bolsones arcillosos bajo el piso del túnel del Metro”.

De todas maneras, si el ingeniero Peña consideró buenos los consejos de su geólogo, al cual no identifica, me pregunto por qué no me dio esa respuesta cuando le solicité la información, ¿o es que la misma también cae en la ilimitada clasificación de “seguridad del Estado”?

Cuando el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo emitió su sentencia, histórica porque confirma el derecho de todo ciudadano a solicitar información, y la obligación de los funcionarios a suministrarla, el ingeniero Peña se comunicó conmigo para anunciarme que me iba a entregar toda la información solicitada, pero me pidió un plazo de “horas nada más” para terminar de organizarla y ponerle un índice, a lo cual respondí que con mucho gusto.

Sin embargo, nunca me entregó los documentos, sino que se colocó en estado de desacato a una sentencia judicial, hasta que recurrió la sentencia ante la Suprema Corte dde Justicia, a lo cual tiene indiscutible derecho.

Argumentan los abogados de la OPRET que el faro a Colòn y el puente Higuamo son obras que “no necesariamente requieren la aprobación de planos”.

Buen ejemplo el del puente Higuamo, que por esa mala práctica de hacer sin supervisión las obras públicas, decuplicó su presupuesto, pasando de 90 millones de pesos a más de mil millones, aportado por los ciudadanos contribuyentes.

Según lo han declarado profesionales de la construcción, este enorme aumento fue causado por no hacer estudios de suelo en una de las orillas del Higuamo, donde resultó que el terreno no soportaba el peso de las bases, y hubo que improvisar costosas modificaciones.

Los juristas que representan a la OPRET utilizan en esa publicación argumentos que ya fueron rechazados en la Justicia.

Por ejemplo, alegan que “se decidió clasificar como reservadas algunas de las informaciones demandadas”.

En su sentencia, el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo dejó claro que la clasificación de secretos sólo puede hacerse de manera previa a la solicitud, y sólo por ley del Congreso.

También repiten el argumento que el Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, usó en una declaración a la prensa, señalando que el tribunal debió declarar inadmisible nuestro recurso de amparo porque, según ellos, debimos presentar un recurso jerárquico. Fue correcta la vía utilizada, así lo establece la ley y así lo confirmó la sentencia.

La decisión del Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo es trascendental para el Libre Acceso a la Información Pública, del cual depende la libertad de prensa, el derecho a la libre información.

Confío en la Justicia y creo que estos derechos fundamentales serán reafirmados por la Suprema Corte de Justicia, para que la transparencia, piedra fundamental de la democracia, erradique la tradicional práctica del secretismo y el misterio en la administración pública.