En la República Dominicana se ha usado y abusado durante mucho tiempo el ejercicio del derecho a la protesta  y se ha desnaturalizado, a veces  con balance cruento y luctuoso, el significado, las implicaciones y el contexto de la huelga.

En esta fecha el país ha sido convocado a una huelga general de 24 horas, basada en un pliego de demandas que contiene puntos difíciles de complacer en el corto o mediano plazo.

Entre otras cosas, se demanda aumento general de salarios y modificación de la Ley de Hidrocarburos para reducir los precios de los combustibles.

 No parece haber manera de satisfacer en lo inmediato estas dos demandas sin provocar un trastorno grave de la economía, con perjuicio inclusive para la estabilidad alcanzada.

Persistir en tratar de torcerle el brazo al Gobierno con estas motivaciones o pretextos es valerse de un recurso verdaderamente cuestionable, a sabiendas de que no puede haber respuestas inmediatas.

Es lamentable que en esta ocasión no hayan funcionado los medios de la concertación y el diálogo para una salida negociada que evitara una paralización innecesaria de labores,  perjudicial para la economía.

El Gobierno dice que invitó a los convocantes a la huelga a dialogar y que éstos no acudieron.

Los promotores del paro, de su lado, dicen que no se les ha llamado a dialogar.

II

Dadas las circunstancias, no queda más que apelar a la sensatez de los grupos que han convocado esta huelga y de las autoridades.

Aún basado en premisas cuestionables, el derecho a la protesta está reconocido por nuestra Constitución, siempre que ese derecho se ejerza con apego a las reglas de convivencia pacífica y en respeto de los derechos de los que rechazan la huelga.

Hay precedentes que confirman que estas convocatorias muchas veces escapan del control de sus auspiciadores y degeneran en caos, daño a la propiedad y violencia.

Ya hay jurisprudencia, antecedentes, que cargan a cuenta de los organizadores los efectos provocados por agresiones y desórdenes durante protestas de este tipo.

La sensatez aconseja que los partidarios de paralizar el país ejerzan su derecho pacíficamente y que respeten a plenitud el derecho de quienes no les apoyan, de quienes prefieren acudir a sus actividades y obligaciones.

Las autoridades han prometido, y así deberán hacerlo, garantizar la seguridad de todo el que prefiera acudir a su trabajo, a sus estudios, en fin, ejercer su derecho a no plegarse a la convocatoria.

Como siempre ocurre en estos casos, y más en tiempos de efervescencia proselitista, los partidos políticos suelen fijar posición en favor o en contra de estos procedimientos.

A esas organizaciones apelamos para que aconsejen a sus militancias un uso prudente del derecho a la protesta, bajo la convicción de que nadie saldría ganancioso de un desborde de pasiones.

El país requiere de sus mejores fuerzas para lograr mejores condiciones de vida para todos.

En ese contexto, se requiere trabajo constructivo y uso racional de las libertades y derechos.

La huelga convocada para esta fecha trata de imponer un alto a la marcha del país. Es un ejercicio de derecho pero a la vez una grave responsabilidad para quienes la lideran o promueven. Hagamos que todo transcurra en paz y orden.