UBI RIVAS
El presidente Leonel Fernández es el indiscutido campeón de las huelgas por cuanto le han formalizado unas mil quinientas, sin que ninguna hubiese obtenido los resultados exigidos y/o programados.

El día ocho del presente mes, miércoles pasado, el llamado Foro Social Alternativo convocó a una huelga que el país desoyó en un 90% si nos atenemos a las versiones insertadas en los diarios al siguiente día nueve.

Aumento de salarios y reducción del costo de la vida fueron algunas de las demandas, por demás justas, del FSA, y la interrogante es si un gobernante sería beneficiado con la secuencia de estos dos coeficientes de la vida de un país, o si por el contrario deseare, mucho más, en tiempo electoral, que la situación fuese revertida.

Conforme a despachos noticiosos insertados en los diarios el viernes once, los precios del barril de petróleo referencia Intermedio Texas (WTI) se cotizaron la víspera a US$110.11 y esa situación viene disparando todo el andamiaje productivo mundial que azota con mayor severidad a los países no productores de crudos, como el nuestro.

El FSA advirtió, al crear el llamado huelgario, que insistirá en su propósito, a 36 días de unas elecciones generales, y también hizo lo propio la Asociación Médica Dominicana, que convoca a otra huelga este jueves 17, a menos de 30 días de las elecciones del 16 de mayo.

Todo el paquete de exigencias tanto del FSA y de la AMD son válidas, justas, el asunto es el momento, y señalar el origen de los recursos que cubrirán esas partidas.

Es por eso que los paros, además de extemporáneos y necios, la ciudadanía, que no es víctima de síndrome de Dawn, advierte que obedecen a una consigna política de la oposición al gobierno, y nada más ajustado a esa percepción.

Tanto el FSA como la AMD pasan por alto e inadvierten el cánon constitucional Título II, Sección I, artículo 8, letra D y número 12 que fija la ilegalidad en el paro de los servicios públicos.