El presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) declaró que la institución está embarcada en un proyecto de modificación de la Ley 10-04, que establece las atribuciones y competencias de esa entidad, a los fines de tener un mayor poder para actuar frente a los funcionarios que cometen irregularidades, desfalco o indelicadezas en el manejo de los recursos públicos.

El licenciado Hugo Álvarez Pérez explicó que se hace necesaria la modificación de la referida ley para que la entidad fiscalizadora pueda actuar en representación del Estado para pedir un resarcimiento económico a las personas que han cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones.

“Con la modificación a la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas pretendemos tener un mayor poder para nosotros actuar frente a los casos de responsabilidad administrativa y civil de los servidores públicos de las entidades y organismos que están sujetos a esta ley”, dijo.

Álvarez Pérez explicó en ese sentido que cuando un funcionario comete una “indelicadeza” en perjuicio económico del patrimonio del Estado, “lo destituyen del cargo mediante un decreto, pero esa persona se queda con el dinero obtenido mediante una acción u omisión culposa, entonces no hay un resarcimiento para el Estado dominicano y eso es justamente lo que buscamos con la modificación de esta ley, que ese dinero vuelva a las arcas del Estado”.

El presidente de la CCRD habló sobre el tema en el marco de una conferencia dictada a decenas de estudiantes y académicos de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu). En el encuentro también expuso la licenciada Thelma Ofelia Pichardo sobre el tema “La Cámara de Cuentas y el control social”, quien habló de las políticas, normas de la institución, naturaleza y atribuciones de la entidad fiscalizadora.

Dijo que también buscan resolver los problemas que se registran en los ayuntamientos, tras determinarse que la mayoría no cumple con la ley 176-07, específicamente en lo que tiene que ver con el destino de los fondos establecido en el artículo 21, que establece que el 25% debe utilizarse para gasto de personal.

“Casi todos gastan más del 60% en contratación de personal, ya sean fijos o bajo contrato temporal”, agregó.

El funcionario explicó que para resolver ese problema se está trabajando en la elaboración de un instructivo dirigido a los gobiernos municipales en colaboración con la Contraloría General de la República, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim).

Dijo que el mismo busca capacitar a los alcaldes y funcionarios administrativos de esas entidades sobre las diferentes normativas que tienen que cumplir en el marco de las exigencias sobre la transparencia y la rendición de cuentas.