Lency Alcántara 
Coerción Hugo Beras
Este miércoles se conoce en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la audiencia de apelación contra la coerción de prisión preventiva que cumplen Hugo Beras y José Gómez Canaán (Jochi), implicados en la presunta estafa en la operación Camaleón.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción, dictó 18 meses de prisión preventiva en Najayo para Hugo Beras, Jochi, y Pedro Vinicio Padovani Báez, por presuntamente firmar un contrato irregular entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam.
Se impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país a Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, y una garantía económica de dos millones de pesos a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempeñaba como coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras de la institución reguladora del tránsito.
Audiencia de apelación solicitada por defensa de Hugo Beras
A Juan Francisco Álvarez y Carlos Peguero se les impuso una garantía económica y el impedimento de salida del país. Todos los acusados habrían cometido irregularidades por un monto de 1,317 millones de pesos.
El órgano acusador señala a Hugo Beras, exdirector del Intrant, como el responsable de dirigir y autorizar la adjudicación fraudulenta a una empresa que no contaba con las capacidades técnicas requeridas en el proceso de licitación, mediante el cual se contrató a Transcore Latam.
Expediente
Los involucrados son investigados por desfalco al Estado, estafa, falsificación, contrabando, terrorismo y sabotaje de infraestructura crítica, utilizando tecnología avanzada para sus actos ilícitos.
Hugo Beras busca variación de prisión preventiva
Según el Ministerio Público, Jochi Gómez fue uno de los mayores beneficiarios del esquema. Su empresa Aurix S.A.S., junto con Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L., habría sido utilizada para desviar fondos y lavar activos. Las investigaciones también lo vinculan al sabotaje de la red semafórica a finales de agosto de 2024.
El supuesto espionaje
El Ministerio Público también busca probar que el manejo de los semáforos en Santo Domingo permitió a Gómez cometer espionaje y vigilancia ilegal.
De acuerdo con el expediente -de 304 páginas-, Gómez tendría acceso a datos como conversaciones telefónicas, mensajes y el historial de búsqueda de los observados por la alegada red de vigilancia.
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