Muchos españoles piensan que la sentencia de seis años de cárcel al yerno del rey emérito Juan Carlos de Borbón es poca, blanda. Otros entienden que el gran castigo del ex duque de Palma, y su esposa, la infanta Cristina, ha residido en la humillación y el rechazo de la sociedad española, principalmente la infanta, la más dañada en este asunto aunque haya quedado absuelta de cargos como supuesta cómplice de su marido.
Cristina de Borbón y su esposo han vivido los últimos tres años en zozobra por la larga espera del veredicto final que les amenazaba a ambos con años de prisión. El escándalo ha sido grande, ha sido una de las causas, aunque públicamente no se exprese, de la abdicación del rey Juan Carlos de Borbón.
Fueron largos meses de angustias, atravesando situaciones enojosas, palabras insultantes, como ladrones, inferidas cada vez que se dirigían al tribunal donde se les juzgaba.
Las presiones de los medios de comunicación, terribles, principalmente cuando la infanta se sentó como una plebeya cualquiera en el banco de los acusados a responder un largo interrogatorio, situación que para una persona como ella, nacida, educada y otras cosas más en una casa real, de “sangre azul” de las más importantes de Europa, fue sumamente degradante. La infanta Cristina ha sido la más sufrida, humillada incluso por su familia.
Su hermano, el actual rey de España, Felipe VI, nada más llegar al trono, le revocó el título de duquesa de Palma de Mallorca que le había concedido su padre.
Fue la primera vez que en la casa real española se produce una revocación de un título de esta naturaleza. Amén de dejarla fuera de la familia real, de no participar en ningún acto oficial y sufrir el alejamiento total con la mayoría de sus familiares, un desprecio doloroso, pues la familia real estaba aturdida, temerosa de que este escándalo afectara a la monarquía de España, que no es aceptada por todos. Una situación complicada.
Lo cierto es que Iñaqui Urdangarín ha sido condenado por prevaricación, malversación, tráfico de influencia y delitos fiscales cometidos cuando era el presidente del Instituto Noor, supuestamente, sin fines de lucro. Ahora tiene que devolver todo el dinero que de manera fraudulenta se metió en sus bolsillos, más de un millón de euros, y la infanta, unos 250 mil euros.
En República Dominicana no devuelven, y tampoco -ni de visita- van a la cárcel.