POR LOYDA PEÑA
El director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Salvador Jiménez, declaró ayer que miles de tareas que fueron distribuídas ilegalmente los días 13, 14 y 15 de agosto serán recuperadas y que tanto los beneficiarios como las autoridades que las entregaron serán citados judicialmente esta semana. Informó que una comisión encabezada por él investiga los títulos que en todo el país entregó la pasada administración para determinar reales beneficiarios, ya que muchos de ellos están a nombre de testaferros.

Jiménez dijo que entre las múltiples irregularidades encontradas en el IAD, está el hecho de que en el proyecto La Cruz, de Manzanillo, hay personas residentes en Puerto Plata, La Romana y San Juan de la Maguana, a quienes se les entregaron 500 y 600 tareas en distintas parcelas. Agregó que también el proyecto Ysura, en Azua, fue sometido a ese tipo de saqueo.

Explicó que especificamente en el proyecto Lavador, hay personas a las que se les entregó ilegalmente hasta 200 tareas, algunas de las cuales han tratado de sobornar a las nuevas autoridades ofreciendo entregarles el 50% de las mismas.

En declaraciones para HOY, el administrador del IAD reveló que entre los beneficiarios del «festival» de entrega irregular de tierras figuran militares de alto rango, ex funcionarios, amigos y allegados a todo el entorno de la pasada administración del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

«La semana que viene comenzaremos a citar por la vía legal

a cada una de esas personas para que dé respuesta de lo que han hecho, incluyendo a los supuestos propietarios de esos asentamientos que en su totalidad son casi ilegales», informó Jiménez.

Adelantó que todo el que esté involucrado en esos actos de ilegalidad «llámese negrito o haya estado al lado de quien fuere (en el pasado Gobierno, sin excepción de nadie, le vamos a quitar esa tierra por la vía legal y serán sometidos a la justicia».

Aclaró que en el caso de Manzanillo, donde dijo, «se hizo de todo», sólo serán respetados los acuerdos que se hicieron con la Iglesia Católica, «pero todos los demás asentamientos que no estén amparados bajo la Ley 5879-62 de la Reforma Agraria y que no reúnan los requisitos que exige el IAD, serán anulados y sus beneficiarios sometidos a la justicia», subrayó.

El director del IAD informó que se creó una comisión mixta encabezada por él, para darle seguimiento especial a todos los títulos provisonales que  entregó la administración de Tomás Hernández Alberto, y evaluar también los certificados definitivos.

Dijo que esa comisión la integran además, un jurista de los mejores bufetes de abogados del país, un militar depurado, con conocimiento de tierras, y un grupo de técnicos del IAD, quienes se han estado desplazando por todo el país verificando uno por uno los casos.

Informó que en esos aprestos ya visitaron los proyectos Ysura y Manzanillo, y en esta semana viajarán al Seybo y a Monte Plata donde está la finca del ex asistente del presidente Hipólito Mejía.

El director del IAD dijo que en el caso de Negrito se tendrá que explicar bajo qué condiciones o argumentos éste fue beneficiado con 1,490 tareas en Jojobal, ya que de acuerdo con la Ley, esa persona no califica para ser asentada allí.

«Fue prácticamente un saqueo de las tierras en todo el país lo que hicieron autoridades del pasado gobierno con la entrega de manera graciosa simplemente para complacer a funcionarios, militares, militares y amigos y allegados a todo el entorno de la antigua administración, y nosotros, como funcionarios responsables, estamos en la obligación de devolverle al pueblo dominicano esas tierras, y lo haremos», agregó Jiménez.

A la pregunta de si el ex director del IAD, Hernández Alberto, sería investigado en torno a esas supuestas irregularidades, la respuesta de Jiménez fue:

«Todo el mundo será investigado, desde el más encumbrado hasta el más pequeño de los ex funcionarios de esta institución, porque aquí había un departamento Legal en donde todo el mundo era una isla de poder, y como él (Hernández Alberto) era el titular (del IAD) y el que dirige debe tener conocimiento de lo que se hace en la institución, es también responsable», puntualizó.