En una entrega anterior, justificamos plenamente como una necesidad nacional, la construcción de la presa de Montegrande en el Sur del país y la reconstrucción de la carretera Piedra Blanca-Rancho Arriba, por considerar que ambas obras, aportarían más a la agroindustria que muchas de las construcciones incluidas en el presupuesto para el año 2014.

Alguien quiso echarme la cuaba de que habíamos escrito sobre la necesidad de estas facilidades, por tener algún interés en las mismas o ser oriundo de cualesquiera de ambas comunidades. Debo aclarar, que ni lo uno, ni lo otro, ya que soy nativo de El Mamey en la provincia de Puerto Plata y como siempre lo he dicho: “por donde entró la civilización a América”. Establecido lo precedente, paso a desarrollar una idea, que aunque implica un pequeño sacrificio de todos los dominicanos, a la postre, la República y sus habitantes, saldrán altamente beneficiados por el incremento de la producción agrícola, que ayudará a mitigar el hambre en los lugares más prósperos y la hambruna en los paupérrimos.

Mi proposición es urticante, ya que no la hubiésemos presentado si los tribunales de justicia del país fueran idóneos e imparciales al juzgar las denuncias, querellas o sometimientos que se les presentan. Por eso, entendemos que si sucediera lo contrario, no tendríamos que acudir a la instancia que vamos a proponer, ya que en el pasado, funcionarios de toda laya, incluyendo los más encumbrados, desfalcaron el erario en millardos de pesos, sin que nadie les pueda enrostrar los actos de corrupción que cometieron y si alguien osa hacerlo, de seguro archivaran el expediente como ha sucedido recientemente, lo cual equivale a exonerarlos de toda culpabilidad.

Debemos de partir, que las sumas de dinero que reciben nuestros legisladores como “barrilito” o “cofrecito”, son ilegales, ya que dichos recursos, según sus argumentos, serían para asistir a miembros menesterosos de la comunidad que los eligieron. Nada más absurdo. Los legisladores están, como lo indica el patronímico, para presentar ante proyectos de leyes, que no sólo beneficien a sus demarcaciones, sino a todos los dominicanos. Ahora bien, si ellos quieren ejecutar actos de filantropía, deben hacerlo del salario que perciben, abultado por dietas, por combustible, asistencia a foros y otras nimiedades que se inventan, para sacar provecho al máximo y sacar ventajas, que el ciudadano común no disfruta, pero sí se las paga. En ese “jueguito”, se dilapidan enormes recursos que podrían ser utilizados como aportes a la contrapartida que debe versar el Estado Dominicano para la construcción de la presa de Montegrande y la carretera Piedra Blanca-Rancho Arriba. Pero, como los mismos no son suficientes, aquí vamos a externar otra vía para lograr la consecución de ambos proyectos.

Actualmente, los peajes de las autopistas del Estado pagan en un sentido, treinta pesos. Como ahora son administrados por el Banco de Reservas de la República Dominicana, el mismo podría ser elevado, según estudio a realizar, a RD$35.00 o RD$40.00. El diferencial de RD$5.00 o en caso extremo de RD$10.00 se repartirían de la manera siguiente:

a) El excedente de RD$5.00 o RD$10.00 que se cobre en la autopista hacia el Cibao, se destinaría a la carretera de Rancho Arriba;

b) La misma proporción de lo que se cobra en la autopista hacia el Sur (Haina), se distribuiría para la presa de Montegrande; y

c) El excedente recaudado en el peaje de Las Américas, se distribuiría equitativamente entre los dos proyectos.

Estamos seguros, que si al pueblo dominicano se le explica detalladamente el beneficio que tendrá al rebajar sustancialmente el costo de la canasta familiar, aceptará el sacrificio provisional de un aumento moderado en el pago de peaje por el uso de las mal denominadas “autopistas”. Ahora bien, el dinero así recolectado debe ser únicamente para los fines señalados, sin que se puedan utilizar en otros menesteres como acostumbran nuestros funcionarios.

Debemos aclarar, que este caso no se puede comparar con el peaje de RD$50.00 que pretendía una compañía amañada denominada Dovicon, cobrar en La Penda a los transportistas del Cibao. Este sería un adicional con la anuencia de todos los usuarios que entienden que es para una causa justa y que no irá a los bolsillos de políticos “avivatos” que siempre han esquilmado al desvalido contribuyente.