LEANDRO GUZMÁN
En sentido general, resulta alentador que se haya anunciado la construcción de la hidroeléctrica Palomino, aguas debajo de la confluencia del río Yaque del Sur con Río Blanco, aproximadamente en la elevación de 700 metros sobre el nivel del mar, con una inversión total de 225 millones de dólares. Esta hidroeléctrica tendrá una potencia instalada de unos 100 megavatios, es decir, 100 mil kilovatios, que operará en las horas de mayor demanda.

Se trata de una presa de hormigón, que se interconectará con la planta energética a través de un túnel de aproximadamente 13 kilómetros de longitud y cuya regulación aumentará el caudal que tiene la presa de Sabana Yegua en su zona de influencia en la provincia de Azua. Esto significa que aumentarán las áreas bajo riego.

El financiamiento de esta obra será aportado por Francia y Brasil, con un aporte inicial de 15 millones de dólares.

Con la construcción de esta presa y con la de Pinalito, iniciada a principios del presente Gobierno, aumentará el porcentaje de aporte de energía hidroeléctrica en el país, que actualmente está en aproximadamente un 18 por ciento. Cuando estas presas entren en operación, conjuntamente con las de carbón, de 600 megavatios cada una, contribuirán sin dudas a resolver el problema energético, disminuyendo así la importación de petróleo, cuyos precios mantienen en jaque a nuestra economía.

Si se toma en cuenta que estos proyectos entrarán en operación cuatro años después de su inicio real y efectivo, se nos ocurre que en lugar de subsidiar la energía eléctrica a los estratos más pobres de nuestra población, el Gobierno podría poner en marcha un proyecto que beneficie a esos mismos sectores, abasteciéndolos a través de un sistema energético propio.

Se dirá que esto es utópico, pero el proyecto es bastante pragmático y ha resultado un notable éxito en Cuba. ¿En qué consiste lo que proponemos? Sencillamente, en financiar a los pobres para el uso de pequeños paneles solares y las llamadas micro aerogeneradores, vale decir molinos de viento con un generador similar a los de los automóviles, de diferentes potencias en armonía con las necesidades de cada usuario. Los paneles solares, igual que los molinos, alimentarían baterías conectadas a un inversor, capaz de proporcionar energía para un hogar donde no haya derroche. En conjunto, el sistema puede suplir de energía para el funcionamiento de un refrigerador, un televisor y tantos bombillos de bajo consumo como requiera la vivienda, incluso una escuela o un dispensario médico, si de esos casos se trata.

Está claro que esto no sería gratis, sino que los que se incorporen al programa tendrán que pagar una determinada suma, posiblemente inferior o igual al subsidio que reciben, con la ventaja de que no sufrirían de los molestosos apagones. Cuando los vecinos vean esto, no cabe duda que se animarán para integrarse al programa. Claro está que cada usuario debería darle mantenimiento y cuidar sus equipos.

Simultáneamente, el Gobierno cumpliría así con exigencias de los organismos internacionales, de que hay que eliminar los subsidios en sentido general, aunque sus jefes no entienden que esto no puede hacerse sin presentar alternativas, pues de lo contrario se crearía un caos social que, incluso, puede afectar la gobernabilidad democrática.

Uno piensa que lo ideal sería que el Gobierno comience con un área piloto, para ver los resultados de lo que proponemos, que a nuestro inicio es muy simple, pues de lo que se trata es de conectar unas cuantas baterías a un inversor, equipos que no son extraños para los dominicanos, pues tenemos miles en operación que utilizan las clases altas y parte de la clase media, en este último caso con un gran esfuerzo para hacer frente a los apagones. Pero, además, los existentes requieren una alimentación de la energía del sistema. Los que proponemos se alimentarían del sol y del viento. Por supuesto, el Gobierno aportaría las orientaciones técnicas necesarias para que los equipos estén instalados correctamente y produzcan los efectos perseguidos.

No vamos a hablar de costos, porque el Gobierno y las instituciones que manejan el sector energético, podrían determinar cuánto se requeriría para financiar los equipos a cada usuario pobre, sobre todo si se toma en cuenta que al ser un programa masivo, los costos se reducirían cuando el Gobierno se decida a importar los equipos, exonerados de impuestos.

En tal caso, como es el Gobierno que motoriza el plan, no podría argumentarse que se trata de un negocio o de evasión de impuestos por parte del sector privado. Sencillamente, lo que se busca es resolver un grave problema social, que afecta a cientos de miles de dominicanos pobres.

Otra ventaja es que al eliminarse el subsidio, se le quitaría una pesada carga al Presupuesto Nacional, vale decir a los contribuyentes.

Surge la pregunta acerca de dónde surgiría el dinero para financiar el plan que proponemos. Surgiría de financiamientos a mediano y largo plazo, que al no involucrar sumas multimillonarias, animaría a los bancos nacional a participar en lo que podría ser una verdadera revolución social, en beneficio de los menos pudientes.

La idea está lanzada. Los más entendidos, tienen el reto de dar el visto bueno final.