Ideas para un legado histórico

Ideas para un legado histórico

LEANDRO GUZMÁN
Los actuales senadores y diputados que deberán entregar sus curules a sus sucesores, excepto los que fueron reelectos, tienen en su haber un pesado fardo; las críticas de que fueron víctimas y aún son objeto, supuestamente porque son muy pocos los logros que pueden exhibir en materia legislativa.

Esos distinguidos legisladores, ahora que se avecina el control del Congreso tras el triunfo del oficialismo, tienen todavía la oportunidad de dejar un legado histórico al pueblo dominicano.

En ese sentido, los actuales senadores y diputados deberían elaborar un proyecto de Ley para modificar la Constitución en un solo aspecto: establecer claramente que, en lo adelante, cualquier otra modificación a la Carta Magna debería estar a cargo de una Asamblea Constituyente de la que no formen parte los congresistas que hayan sido electos en cualquier período.

Más claro todavía: que esa Asamblea Constituyente Revisora de la Constitución esté conformada por un grupo de personalidades que hayan demostrado, a través de su vida pública y privada, que son ciudadanos de honor, respetados por los munícipes de las diferentes tendencias políticas.

Hay quienes podrían pensar que es difícil, en estos tiempos tan turbulentos, que todavía existan ciudadanos de ese calibre.

Nosotros afirmamos que sí los hay, y que precisamente no han querido participar en la política porque la misma se ha maleado de tal modo, que hacerlo sería hacerse cómplices de las tradicionales marrullerías para alcanzar los cargos desde los cuales se toman las decisiones de mayor envergadura, que en lugar de beneficiar al país, a menudo lo que hacen es beneficiar a una claque que desborda los límites de la decencia.

Los prestigiosos ciudadanos que acepten formar parte de la propuesta Asamblea Constituyente para revisar y modificar la Constitución deben consultar a todas las fuerzas organizadas en las diferentes provincias, a fin de que la reforma que se haga exprese claramente la voluntad de la mayoría.

Sería ideal que cada provincia tenga su propio representante en la Asamblea Constituyente, para de ese modo evitar exclusiones innecesarias, al propio tiempo que se logra una efectiva representatividad.

Los integrantes de la Asamblea Constituyente tendría un plazo que no debería exceder de seis meses para realizar su trabajo, que luego de terminado tendrá que ser solemnemente refrendado por el Congreso, el Poder Ejecutivo y la sociedad en sentido general.

Hay motivos de sobra para modificar la Constitución, entre ellos la necesidad de prohibir definitivamente la reelección y erradicar el famoso artículo 55 que permite al Ejecutivo hacer y deshacer cuanto se le ocurra.

Los perredeístas, que hasta el 16 de agosto tienen mayoría en el Congreso, cometieron el grave error histórico de restablecer la reelección, todo para permitir que el ex presidente Hipólito Mejía aspirara a un nuevo período, lo que no logró al ser vergonzosamente derrotado.

Si se considera que el actual período presidencial de cuatro años es insuficiente para realizar una digna obra de Gobierno, pues que se amplíe dicho período.

Pero que lo haga ahora la Asamblea Constituyente que proponemos, no los actuales ni futuros legisladores, todos vinculados a partidos políticos que siempre quieren mantenerse en el Poder, modificando a su antojo la Constitución.

La reforma constitucional debe realizarse con sabiduría y mensura, para evitar que en cada período presidencial a alguien en el Poder se le ocurra proponer nuevas modificaciones, que generalmente obedecen a intereses que no son los del pueblo dominicano en su conjunto.

Si los actuales senadores y diputados acogen nuestra propuesta, dejarían tras de si un verdadero legado histórico, que sin dudas será recordado por las actuales y venideras generaciones.

Tenemos la esperanza de que los senadores y diputados electos, tal como han prometido las voces más representativas del Gobierno, no utilicen su poder para avasallar a sus contrarios, sino que actuarán con sentido de tolerancia y con la idea de que «el derecho al respeto ajeno es la paz», como decía el patriota mexicano Benito Juárez.

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