Funcionarios gubernamentales, probablemente a sugerencia de algunos expertos, han propuesto aumentar el costo del peaje, lo que ha provocado una lluvia de críticas, y para ablandar la medida, proponen dejar sin efecto el impuesto por el derecho de circulación vehicular establecido en la Ley 253-12, pero ninguna de las dos resulta simpática, ya que la gente entiende que paga impuestos y combustibles bastante caros; sin embargo, si el Gobierno está compelido a realizar algunos ajustes, podría buscar fórmulas combinadas.

Primero, porque el incremento del peaje de 30.00 a 100.00 pesos, luce desproporcionado; y segundo, porque el impuesto a la renovación de la placa, como se conoce popularmente, establecido en la última Reforma Tributaria, más que desproporcionado, resulta poco equitativo debido a la realidad socio-económica que vivimos en estos momentos.

El Gobierno podría modificar el cobro del peaje llevándolo de 30.00 a 40.00 o 50.00 pesos para ida y vuelta, y aprovechar la ocasión para introducirle algunas modificaciones a la ley de placas y hacerla más equilibrada o justa, mediante una fórmula en la que se conjuguen: La cilindrada del motor, el año de fabricación, y que el monto a pagar se establezca mediante un rango variable entre 0.25% y el 0.50%, por uno o dos años, y luego, dependiendo de la evolución económica, revisar de nuevo las escalas.

Se podrían establecer fórmulas como por ejemplo: Vehículos cuyo valor sea menor de 250,000.00 paguen el monto mínimo establecido; los que tengan un valor mayor de 250,000 y menor de 600,000 con cilindrada inferior a 2500 CC paguen la tasa de 0.25%, y los que entren en ese rango de valoración, pero tengan una cilindrada mayor, aplicarle entonces un monto adicional a establecer, o sea, estimular el uso de vehículos de bajo consumo. Y bajo estas condicionantes establecer escalas o porcentajes progresivos, adicionando sumas equilibradas, dependiendo o conjugando el valor y la cilindrada hasta llegar a un impuesto máximo para el nivel superior.

Nadie quiere más impuestos, pero todo el mundo sabe que el Gobierno va a tomar algunas medidas, y las propuestas alternativas nunca hacen daño, sobre todo si son equilibradas y toman en cuenta la diversidad de clases sociales y económicas existentes. Porque en honor a la verdad, aunque la gente rechaza los impuestos, cuando se hace justicia, aunque a regañadientes, los comprende.

El Gobierno no puede ni debe lanzarse a adoptar medidas sugeridas, sin ser sometidas a análisis bien ponderados. Porque cuando se habla de la necesidad de recaudación, de inmediato aparecen quienes tienen fórmulas bajo sus brazos, y las someten sin tomar en cuenta los posibles efectos económicos, políticos o sociales. Ahora bien, el deber de los funcionarios es pensar en las bondades o perjuicios de dichas medidas. Porque ni el Estado es un laboratorio de ensayo, ni se puede poner en peligro la estabilidad del país. Las medidas de shock no son recomendables, de eso sabe el Presidente Medina.