POR TANIA HIDALGO
El consultor internacional Aristóbulo de Juan determinó que  el Banco Intercontinental (Baninter)  registraba una serie de irregularidades, tales como retiradas de fondos por montos superiores a los RD$ 11,000 mil millones, “efectuadas básicamente en marzo de 2003, por parte de empresas o personas vinculadas a los dueños de la entidad bancaria y a su equipo directivo”. 

El abogado José Lorenzo Fermín, de los representantes legales de la Autoridad Monetaria y Financiera, precisó que esa cifra superaba “los apoyos que a la fecha de la visita del consultor había prestado el Banco Central para evitar la iliquidez de la quebrada entidad”. 

El informe indica además que los activos correspondientes a los RD$55 mil millones del balance aflorado en marzo de 2003 (RD$80 mil millones) “parecen corresponder en su mayor parte a sobregiros y/o inversiones a favor de empresas vinculadas a los dueños, así como de gastos declarados por su propietario Ramón Báez Figueroa por un monto aproximado de RD$20 mil millones, que constituían pérdidas”.

 “Además de las pérdidas existentes en el banco sumergido y las anteriormente reconocidas en el Baninter oficial, sus activos están necesitados de nuevos ajustes, no identificados anteriormente por la Superintendencia de Bancos ni por los Auditores Externos (K.P.M.G.). Todo ello, situaría la pérdida acumulada en cifras no inferiores a los RD$ 40 mil millones, sin contar con posibles contingencias que puedan aparecer», agrega el informe.

El experto internacional estuvo en el país del 4 al 11 de abril de 2002, contratado para asistir a la Junta  Monetaria, al Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Comisión Administradora designada por las autoridades para gerenciar internamente el Baninter, durante el proceso que atravesaba en ese momento.

Para el cumplimiento de su labor analizó la documentación recibida y se mantuvo en reunión permanente con los miembros de las instituciones mencionadas anteriormente.

Sostuvo Aristóbulo de Juan en su informe ejecutivo que,  en Baninter se registraron pérdidas corrientes, principalmente, a causa de las tasas de interés muy elevadas en el pasivo y bajas en el activo, en particular en operaciones «vinculadas» al grupo dominante. Dijo que en ocasiones las tasas del activo aplicadas eran inferiores a las del pasivo. Además dijo que había  enorme proporción de activos de mala calidad y sin rendimientos, que no eran ajustados y cuyos intereses se venían reconociendo indebidamente como ingresos reales. Otra causa de las pérdidas corrientes eran los gastos generales exorbitantes, en particular en áreas como publicidad “y otras partidas muy variadas».

«Por el tamaño del banco, las grandes proporciones de sus pérdidas, así como su conflictividad, no se consideró realista esperar su inmediata compra, ni de sus activos  por otro posible banco. Se optó, por tanto, por adoptar soluciones que evitaran el efecto dominó que muy probablemente produjeran en la totalidad del sistema las fórmulas de liquidación y disolución que prevé la Ley Monetaria Financiera por tratarse del banco de mayor tamaño del país”, agrega.

Dicen  Baninter hubo lavado

Dos  penalistas internacionales coincidieron en señalar que en la quiebra  del Banco Intercontinental (BANINTER)  operó un “grupo delictivo organizado” que se dedicó a blanquear dinero proveniente de un fraude financiero.

Jesús María Silva Sánchez, director del  Departamento de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, España y David Baigún, presidente del centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), con sede en Buenos Aires, Argentina, expresaron que los imputados en el caso Baninter  incurrieron en actos que violan los incisos a, b y c del artículo 3 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos a través de una serie de operaciones comerciales y financieras realizadas con posterioridad al 10 de junio de 2002.

   Baigún señaló que  Ramón Báez Figueroa, Luis Álvarez Renta, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa, para cometer esos hechos se valieron de “instrumentos financieros diversos mediante los que canalizaron fondos de Baninter y  diferentes sociedades interpuestas, de las que se sirvieron para ocultar el origen y el destino real de los fondos sustraídos de las arcas de la entidad bancaria”.

En un dictamen en el que analiza la quiebra de Baninter, el experto citó las principales operaciones realizadas por el grupo de ex-banqueros  y explica la forma en que los imputados incurrieron en las conductas típicas que le son atribuidas por las autoridades monetarias.

De su lado, Silva Sánchez señaló que “los hechos descritos en las diversas operaciones pueden calificarse jurídicamente como actos de distracción o sustracción de bienes por parte de un mandatario con perjuicio del titular del patrimonio. Son constitutivos, por tanto, del delito de abuso de confianza”. El fraude asciende a 55 mil millones de pesos.