POR ODALIS MEJIA
La Secretaría de Medio Ambiente informó que un total de 28 granceras están ubicadas en cuencas de los ríos, mientras que tienen registradas 502 canteras secas para extraer materiales, de las cuales 256 operan en la actualidad.

El titular de la cartera, Max Puig, y el subsecretario de Suelos y Aguas, Ernesto Reyna, dijeron que el mayor número de canteras secas están en las provincias Peravia, San Cristóbal, Santiago, La Altagracia, Monseñor Nouel y La Vega.

Aseguraron que en la actualidad el 80% de los agregados de la construcción se están extrayendo de las canteras secas, por lo que rechazaron que la resolución que prohibe la extracción desde los ríos no incidirá en un aumento de los productos derivados.

Reyna explicó que el material de construcción sacado desde las canteras secas no es de la misma calidad del obtenido en los ríos, sobre todo para trabajo de acabado, aunque espera que esto no sea pretexto para que hayan alteraciones de precios.

Puig afirmó que desde el 2004 Medio Ambiente ha impuesto 1,843 multas por extracciones ilegales en los ríos y que ahora a partir de la resolución, incrementarán la vigilancia.

Reyna explicó que el proceso de sanción administrativa se toma en consideración si la persona es reincidente y la procedencia de la extracción, al indicar que a partir de la resolución las multas fueron incrementadas a un mínimo de 14,000 pesos.

Afirmó que sólo por concepto de multa Medio Ambiente obtenía ingresos promedio de 6,000,000 de pesos al mes, pero que el interés de las autoridades es que frenen las agresiones al medio ambiente.

Puig afirmó que ha llegado el momento de que se frene la depredación de las cuencas hidrográficas al poner como ejemplo que en países como Cuba y Puerto Rico está prohibido sacar gravas desde ese recurso natural.

Apuntó que la ley establece que las operaciones próximo a los ríos tienen que estar a un mínimo de 30 metros del río y faculta a Medio Ambiente a fijar otros márgenes, por lo que en la resolución se estableció un mínimo de 150 metros.

Indicó que la resolución fue antecedida a un proceso de investigación y de consenso con los productores de agregados, al señalar que muchas empresas se mantenían en base a permisos que eran renovados, pero que ya era hora de tomar una medida definitiva.

Dijo que una muestra de ese consenso es que el río Nizao de 11 empresas que operaban, nueve tienen instalaciones y sólo cinco están trabajando, pero ninguna están extrayendo.

Puig aseguró que luego de la medida ha recibido el respaldo de varias entidades.