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El evento coordinado por Ruth Ferreras, asistente administrativa del seminario, tuvo por objetivo generar reflexiones y articular el proceso que está incidiendo actualmente en la toma de decisiones.
El centro de estudios teológicos de la Iglesia Episcopal Dominicana realizó el conversatorio “Contexto político, social, religioso y prácticas eugenésicas del aborto en la República Dominicana” al que asistieron clérigos, líderes laicos, seminaristas y cristianos de otras denominaciones protestantes.
“La Iglesia Episcopal Dominicana desea levantar una voz profética en favor de los derechos de las mujeres, niñas y jóvenes. De manera enfática pide a los congresistas que legislen en favor de la salud y bienestar de la mujer dominicana. Que piensen en lo que es bueno y mejor para ellas como lo dicen las Sagradas Escrituras. La mujer es sujeto de derecho”, puntualiza el comunicado enviado a este medio.
El panel estuvo integrado por Marcos Castellanos, seminarista de la Iglesia Episcopal Dominicana; Alexandra Richardson, abogada y fiscal adjunta; Robert Bueno, pastor de las Iglesias Bautistas en República Dominicana (IBAREDO) y Magaly Smith, Activista religiosa, quienes presentaron las argumentaciones desde los contextos religiosos, legales, políticos, social y de los estudios de género, respectivamente.
«Estamos llamados a acompañar pastoralmente a las mujeres en esta situación y no todos los abortos son iguales. No se pueden criminalizar a la mujer que ha tenido un aborto, ya que existen una variedad de causas», expresó Marcos Castellanos, seminarista.
Por su parte, Robert Bueno, pastor bautista enfatizó que «los abortos siempre se han realizado en la clandestinidad, en situaciones ilegales y en estado de vulnerabilidad, lo que ha provocado miles de muertes de mujeres de jóvenes. Es necesario que se legislen políticas para que estos abortos sean legales y seguros».
El evento coordinado por Ruth Ferreras, asistente administrativa del seminario, tuvo por objetivo generar reflexiones y articular el proceso que está incidiendo actualmente en la toma de decisiones de las políticas públicas del Estado sobre la penalización del aborto.
