Iglesia es institución más fiable

Iglesia es institución más fiable

POR FERNANDO QUIROZ
De las instituciones dominicanas la que mayor confianza genera en la población es la Iglesia Católica con 74.4%, seguida de los medios de comunicación, 65.8% y en tercer lugar se colocan las iglesias evangélicas, con 55.5%. Estos datos constan en la IV Encuesta Nacional de Cultura Política y Democracia (DEMOS 2004), realizada entre el 20 enero y el 3 marzo de este año.

Los resultados de la DEMOS fueron dados a conocer anoche en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Consideró muy corruptos los sectores Policía Nacional, 57.5%; jueces, 56% y fiscales, 41%. Se resalta que los «usuarios» de servicios tuvieron que pagar «macuteo» o dineros extra.

Las demás instituciones en el promedio de mayor confianza en el país son la Junta Electoral del Distrito Nacional, 44.2 %; la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), 42.7%; la Junta Central Electoral (JCE), 41; militares, 38.9; sindicatos, 38.1; síndicos/regidores, 35.2; justicia, 34.2; Policía, 33.3; Congreso, 28.3; Presidente, 23% y partidos políticos 21.5%.   

La realización de la encuesta estuvo a cargo del Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS) de la PUCMM. También, el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM), con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El desgaste de la confianza ciudadana en las instituciones y autoridades gubernamentales constituye un factor crítico, y un reto a sobrepasar, concluye el estudio.

Recordó que la pérdida de confianza en el gobierno de Hipólito Mejía y sus instituciones, alcanzó «fuertemente» al presidente de la República, el cual ocupó el último lugar en la confianza de instituciones gubernamentales claves, según los resultados de la encuesta.

De ese promedio de confianza en organismos gubernamentales claves, de cero al 100%, los militares alcanzaron 38.9%, los síndicos 35.2%, la justicia 34.2, la Policía 33.3, el Congreso Nacional 28.3 y el Presidente 23%.

INSEGURIDAD

Los resultados indican un incremento continuo y acelerado de la proporción de personas que dijo sentirse más segura al momento de la encuesta, 42% en el 1994, y 75% en el 2004, lo que significa un aumento de la inseguridad ciudadana de 33 puntos porcentuales durante los diez últimos años.

Revela que la inseguridad ciudadana es mayor en los estratos sociales más altos.

En DEMOS 2004 se incluyó varias preguntas para medir la magnitud de la delincuencia. Aproximadamente un 9% de los ciudadanos declaró haber sido víctima de agresión física o delincuencia en el último año.

Tomando como referencia la población de 18 años y más, una estimación de la cantidad de personas que representa este porcentaje indica que alrededor de medio millón de dominicanos fue víctima de la delincuencia en el último año (501,432).

PORCENTAJES

Según la DEMOS 2004, un 74.8% se siente menos seguro que hace cinco años. Un 49.7% desconfía totalmente de la Policía Nacional y 46.7% de la justicia. En tanto, el 77% de la población desaprueba la actuación de la Policía al margen de la ley.

MACUTEO

En el caso de la Policía, más de una cuarta parte de la población, 27%, que acudió a tratar algún asunto relativo a sus funciones declaró haber sido macuteada. El soborno al que se encuentran expuestas las personas usuarias de la administración de justicia se eleva a 29.1% cuando se computa el macuteo realizado en alguna instancia del sistema.

JUSTICIA

De acuerdo a la percepción de las personas entrevistadas apenas el 20% de los actores del sistema judicial dominicano son íntegros; mientras el 80% son considerados corruptos.

El precepto de justicia pronta y cumplida es ilusorio, se desprende de la encuesta. «La justicia es lenta e ineficiente», se concluye.

Análisis cualitativos previos a la DEMOS 2004 resaltan el difícil acceso a la justicia en el país.

Aunque casi la mitad de la muestra dijo confiar en que los tribunales del país garantizan un juicio justo, 49%, la gran mayoría, 78%, no confía en que el sistema judicial castigaría al culpable «si fuera víctima de un robo o asalto».

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