La Comisión  para la Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Iglesia Católica expresó  preocupación por el impacto que tendrá en el medio  ambiente la operación de  la  Barrick Gold.

La Comisión Nacional para la Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Iglesia Católica manifestó su preocupación por los impactos que tendrá para el medio el ambiente las operación de  la empresa minera Barrick Gold, cuando comience la extracción del oro  los sulfuros.

Exigió al Gobierno que explique a la nación la necesidad de mantener el contrato con esa empresa.

En un mensaje con motivo del Día Mundial de la Tierra, la Comisión de Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano hizo un llamado a la nación para en las elecciones congresuales y municipales los votantes tomen conciencia de las propuestas que hacen los candidatos para observar que en las mismas tengan en su contenido acciones que protejan el ambiente y los recursos naturales y cómo será tratado el tema de los desechos sólidos, el reciclaje y cómo invertirán en la educación ambiental.

En el mensaje, firmado por monseñor Fabio Mamerto Rivas, presidente de la Comisión, y  Jovanny Kranwinkel, secretario ejecutivo, se llama la atención sobre casos puntuales que causan preocupación porque  afectan el bien común y citan el  contrato de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, que corresponde a la diócesis de La Vega, a cargo del obispo  Antonio Camilo. La mina pertenecía  al Estado dominicano y que fue traspasada a la empresa Barrick Gold para que explote el oro y otros minerales.

El mensaje, leído por monseñor Camilo, señala que luego de reunirse con representantes de varios sectores, incluyendo las autoridades de Minería, legisladores y sacerdotes de la zona cercana a la mina, concluyeron que  que el oro es un recurso natural no renovable, muy codiciado, que ha traído situaciones, desigualdades y conflictos desde los tiempos de la colonia.

“En tal virtud, somos de opinión que el proceso debió tratarse con más rigurosidad”, expresan. Sostienen que de acuerdo a la  ley se debió dar participación a las comunidades y  dar acceso a las informaciones veraces y oportunas sobre el contrato.

La clave

  Las interrogantes

 Los obispos   formulan varias preguntas tales como  ¿cuándo fue realizado el proceso de cuestionamiento a los representados y cuál fue el resultado de esa consulta sobre ese tema? ¿Se ha dado verdaderamente esa participación? ¿Hay las suficientes garantías de beneficios para los que somos los dueños del recurso? ¿Hay mecanismos de transparentar los costos de inversión y de beneficios?