POR JUAN M. RAMIREZ
La Conferencia del Episcopado Dominicano sugirió que en la reforma constitucional se defina claramente, sin recortes ni equívocos, la identidad dominicana, se consigne la fe cristiana que inspiró la soberanía nacional y se consigne firmemente la libertad de religión, confesiones cristianas, su ejercicio y su culto. En un documento de 31 párrafos, la Iglesia Católica  propone que en la Carta Magna se consigne de manera determinante el derecho a la educación obligatoria.

 También propone consignar el derecho a  la salud y al empleo, el castigo a la corrupción y el control estricto de los recursos del Estado.

 Subraya que hay que definir de una vez por todas los modos de adquirir la nacionalidad dominicana. Y dado el fenómeno moderno migratorio y la gran movilidad actual, hay que precisar sus límites y condiciones.

Expone que dada la condición insular del país es justo que se consignen los espacios marítimos que se comparten y los derechos a espacios marítimos internacionales.

Entre los servicios básicos que debe ofrecer a toda la ciudadanía el Estado propone  que se resalte  por su precariedad el de la identidad jurídica (posesión de cédula), el de la educación de calidad,  salud, vivienda, electricidad,  agua, transporte público, justicia insobornable e igual para todos y el de un trabajo digno y justamente remunerado.

«La educación primaria y secundaria debe ser gratuita y obligatoria para todos, de calidad y punible, castigando a los padres que descuiden este deber, y a los profesores que pagándole para este servicio no cumplen o no lo ofrecen con calidad», sugiere.

De igual modo, proclamar, además, para la capacitación de todos, la necesidad de establecer institutos tecnológicos, al margen de las universidades existentes, tras considerar que la educación debe incluir tempranamente el empleo de la informática, para no quedar rezagados.

Sostiene que el Estado debe comprometerse a salvaguardar y defender los derechos fundamentales, primarios y secundarios, humanos. Y debe consignarse para evitar debilidades y fáciles transgresiones de ellos, su fundamento y origen en la innata e inviolable dignidad humana, y no en un mero consenso o pacto.

Respecto al derecho a la vida, en concreto, propone dejar claro y explícitamente que el derecho a la vida lo es desde el primer momento de su gestación hasta su término natural.

Dado el derecho a la seguridad y a la paz y ante la escalada de violencia mundial y nacionalmente y dada la impunidad reinante, estima necesario que la reforma constitucional asuma este grave problema y exija la persecución y castigo severo del delincuente, y adecuado a la gravedad del delito.

Junto a los derechos de los ciudadanos sugiere resaltar sus deberes. Ante todo la contribución de todos al bien común y la obligación del Estado de exigir y conseguir esa contribución, reivindicando así la legitimidad de los impuestos y de una sana política fiscal.

Al establecer el derecho a la propiedad privada exige consignar el principio de la función social de la misma y el principio de la responsabilidad social de los individuos.      

Como parte de los deberes sociales de los individuos, la Iglesia propone instituir un sistema de servicio social exigible a los jóvenes entre 18 y 21 años.

Del mismo modo, reconocer la familia como célula primaria de la sociedad;  resaltar su importancia para el perfeccionamiento de la sociedad; y reclamar políticas que la consoliden y la ayuden a cumplir con su excelsa misión.

Para evitar el absolutismo o extralimitaciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Coercitivo, sugiere  fijar los límites de cada Poder. Dar poder al Congreso para conocer y controlar las negociaciones internacionales del Poder Ejecutivo; y consagrar algunas restricciones constitucionales a la política de endeudamiento interno y externo.

En el documento puesta a disposición de la sociedad en la página web de la Comisión Ejecutiva para la Reforma Constitucional, la Iglesia Católica propone imponer la carrera administrativa, restringiendo el poder de designación y remoción  del personal por parte del Presidente de la República.

Respecto al ejercicio económico, que quedar muy claro que el ser humano es el principio, medio y fin del mundo y ejercicio económico.

Además, propone que se fije la independencia y control del Banco Central y de la Intendencia de Bancos y el modo apolítico de designar su personal         

De igual modo, que se  de base constitucional al Tribunal Superior Administrativo como entidad diferenciada de la Cámara de Cuentas e instituir la figura de Defensor del Pueblo.

Siendo función del Estado lograr un mayor equilibrio en la distribución de la riqueza y entre zonas más desarrolladas y subdesarrolladas, sugiere que se favorezca en el presupuesto el gasto social a favor de los pobres, exigir a la sociedad productiva políticas para combatir el desempleo, fuente de la mayor pobreza, y apoyar políticas especiales a favor de las zonas subdesarrolladas.

También reforzar lo que se dice en la Constitución actual sobre el apoyo a la Frontera, en cuanto a las industrias que allí se instalen y un desarrollo que pueda ayudar también a los vecinos fronterizos de Haití.                          

Propone exigir reglamentar las inversiones extranjeras con legislación clara y estable, y que sea constituido un régimen  especial de protección de las áreas de biodiversidad, las cuencas altas de los ríos y los recursos hídricos en general, las playas y costas de la nación.

Señala que es función del Estado velar por la salud moral de la sociedad y en este sentido dada la descomposición moral vigente urge decir y establecer algo definitivo.

«La corrupción ha penetrado nuestra cultura  y hay que acabar con su impunidad dejando muy claro que será perseguida siempre y sancionada. Todo funcionario sorprendido en ella deberá ser inhabilitado siempre para acceder de nuevo a la administración pública», subraya.

Considera fundamental consolidar y reforzar los valores democráticos, participativos y solidarios y que los asuman no sólo los partidos políticos sino toda la sociedad civil y sus organizaciones.

Del mismo modo que se establezca  obligatoriamente periódicas auditorías en las secretarías de Estado e Instituciones Estatales con el fin de controlar su trabajo y diafanizarlo, tras señalar que la nación tiene derecho a ambas realidades y que los incumbentes de ambas instancias no son propietarios de ellas sino que deben ser honestos y eficientes administradores.

Subraya que el Poder Público tiene la obligación de distribuir los ingresos nacionales equitativamente entre todos y entre todas las provincias sin privilegios ni favoritismos y esto se debe reflejar claramente en los presupuestos nacionales

La Iglesia Católica expone que las campañas electorales por prolongadas y dispendiosas son un escándalo nacional que debe ser atajado sin dilación, por lo que sugiere fijar su duración -¡corta!- y sus costos prohibiendo fuertes erogaciones y solicitudes al sector privado, dando en la Televisión pública y aun privada espacios razonables con igualdad de oportunidades para todos.

Para los cargos de senadores y diputados sugiere consignar condiciones mínimas pero exigentes.

Respecto a la ciudadanía subraya, que hay que reforzar la obligatoriedad del voto en conciencia y la inmoralidad de la compra de votos, castigando severamente ésta una vez descubiertos los infractores.

Asimismo declarar «servicio social obligatorio» la designación a participar en las mesas electorales, castigando la declinación o la ausencia sin razón proporcionalmente grave. 

Dado lo vidrioso que se ha puesto el tema de la re-elección, lo sensato es que en este punto se logre previamente el consenso al menos de los tres partidos mayoritarios y de la sociedad civil.

Estima necesario legislar cuándo y cómo se puede imponer la remoción de un Presidente para evitar nefastos golpes de Estado, militares o civiles.

Ante el creciente número de presos y presas por razones diversas, considera que ha llegado la hora de `políticas carcelarias diversificadas, con procesos distintos de regeneración y planes laborales para ellos,  con equipos de psicólogos y psiquiatras y gente especializada en técnicas de manejo presidiario.

En un momento histórico de progresiva y múltiple interrelación de los pueblos y de tendencia a formar bloques de naciones para hacer frente eficazmente a los graves retos que amenazan a la humanidad y siendo República Dominicana una nación pequeña,  considera  necesario «proclamar nuestra apertura y nuestra voluntad de integrarnos a asociaciones progresivamente mayores».

Concluye con que una vez promulgada la nueva Constitución, deberá ser una asignatura obligatoria en el pensum de secundaria para que la juventud se empape de ella.

La Iglesia Católica inició su propuesta con un preámbulo en el que señala que en «nuestra  condición de Guías Espirituales y Morales y, al mismo tiempo, de representantes oficiales de nuestros fieles católicos, que son una alta mayoría de la población dominicana, nos ha hecho sentir la obligación de contribuir, desde nuestra misión y con la mejor voluntad, a la reforma constitucional con algunas sugerencias».

Aclara que una excelente Constitución Nacional es el instrumento ideal y eficaz para lograr un verdadero Estado de derecho, sueño y anhelo de todos los buenos dominicanos.