CARACAS (EFE).- La Conferencia Episcopal Venezuela (CEV, católica) expresó hoy su inquietud por el estado de los Derechos Humanos en el país, y abogó por la apertura de un diálogo nacional para «superar la intolerancia».

«Nos preocupan los informes de las organizaciones que trabajan en Derechos Humanos, los posibles casos de corrupción y la violación a derechos civiles y de instituciones», dijo el presidente de la CEV, monseñor Baltazar Porras.

Porras inauguró hoy la 83 Asamblea Anual de la CEV, que hasta el próximo 13 de enero planificará las actividades que desarrollará la Iglesia Católica durante este 2005, año dedicado a la «Eucaristía y a las Vocaciones».

Según Porras, en Venezuela «se ha perdido de vista el ejercicio político y lo que se debe buscar es la igualdad de condiciones», porque «la realidad está colmada de contradicciones pero llena de posibilidades».

El prelado afirmó que en 2005 el país debe abrir espacios «para todos, sin importar quien tenga la mayoría».

«Hay que abrir un espacio para el diálogo, el cual ayude a superar todo el clima de intolerancia», agregó Porras, al opinar que «toda la sociedad está obligada a buscar caminos comunes».

En ese sentido, Porras señaló que el reformado Código Penal contiene elementos «preocupantes» como la penalización de conductas y opiniones», y «este tipo de restricciones de la libertad no generan una mayor salud social».

El nuevo Código penaliza los «cacerolazos», aminora los castigos por hurto de comida y medicinas, y modifica los castigos por injuria, difamación, secuestro e invasiones a la propiedad pública y privada, entre otros asuntos.

Los cambios en el Código Penal fueron aprobados por la mayoría oficialista que domina a la unicameral Asamblea Nacional, de 165 miembros.

Porras también se refirió a los planes oficiales de intervención de terrenos públicos y privados como parte de la «guerra contra el latifundio» que impulsa el presidente del país, Hugo Chávez.

El presidente de la CEV calificó como «lógico» que el Gobierno revise lo referente al uso de la tierra, pero advirtió que «no debe usarse para ello la imposición a la fuerza para que no parezca una retaliación (represalia) política o abuso de poder».

El agrio enfrentamiento entre la jerarquía católica de Venezuela y el presidente del país, iniciado ya cuando éste era candidato en 1998, se vio endurecido tras el golpe de Estado en abril de 2002, que derrocó a Chávez por 48 horas.

En aquel momento, el entonces jefe de la Iglesia, el fallecido cardenal Ignacio Velasco, avaló con su firma el decreto del autoproclamado presidente de facto, Pedro Carmona, que abolió las instituciones democráticas venezolanas.