Hoy 
La encargada del Departamento de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de la República, Elisa Sánchez, advirtió ayer que si los agentes policiales y fiscales no acogen las denuncias de mujeres maltratadas se incrementará la violencia intrafamiliar y las muertes de mujeres indefensas a manos de maridos celosos.
La magistrada Sánchez entiende que la ley 24-97 debe ser respetada y tratarse al margen de las resoluciones emitidas por de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.
«No puede ser posible que una mujer golpeada y abusada psicológicamente por su compañero tenga que esperar una orden de un juez», precisó.
Dijo que la ley 24-97 es una ley especial y no es contradictoria con las nuevas medidas dispuestas por el máximo tribunal a través de la resolución 1920, «ya que establece claramente que el Ministerio Público es un ente de investigación y que los jueces de instrucción son los que deben disponer las órdenes o medidas de protección, entonces estas medidas fortalecen el sistema de administración de justicia».
Al participar en el Diálogo Jurídico de HOY, la magistrada sostuvo que la resolución no le resta responsabilidad a los ayudantes fiscales.
«Pienso que aún con los avances, hay situaciones prácticas operativas que pueden convertirse en situaciones que limiten el ejercicio de los derechos de las mujeres, de las víctimas de violencia intrafamiliar, por lo que se debe ser cuidadoso al momento de aplicar estas medidas en materia de violencia intrafamiliar, porque si no somos cuidadosos, en esta parte, las conquistas de los derechos de las mujeres víctimas se habrán perdido o diluido», indicó.
Señaló que hay que ver cómo se complementa una ley especial con un sistema de justicia ordinario que está llamado no solamente a garantizar los derechos de los justiciables, sino también a garantizar los derechos de las víctimas.
Explicó que si una mujer denuncia que el marido la ha maltratado y el Ministerio Público no interviene «porque entendemos que debe ser flagrante, y nos abocamos a una investigación sin tomar medidas respecto a la peligrosidad de la gente que ocasionó el daño, evidentemente estaríamos generando más violencia».
No obstante, se mostró confiada en el avance que implicarán las medidas puestas en vigencia por la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia, en víspera del nuevo Código Procesal Penal.
«Pienso que esas disposiciones van a mejorar cualitativamente el sistema. Nosotros estamos en la obligación de proteger los derechos de las víctimas y de garantizar los derechos que le corresponden a los justiciables», insistió.
De acuerdo a la resolución 14783 emitida por la Procuraduría General de la República los ayudantes de fiscales no podrán privar a los ciudadanos de su libertad sin antes contar con la autorización de un juez competente.
