POR UBALDO GUZMAN MOLINA
La Secretaría de Obras Públicas ignoró un estudio de impacto ambiental del Instituto de Tecnología Industrial (INDOTEC), las advertencias de los expertos sobre la cantidad de aves en la zona de Higüero, así como el informe de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), para construir el Aeropuerto Internacional La Isabela en Santo Domingo.

Así lo establece una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas al aeropuerto, concluida en octubre pasado.

El trabajo de investigación fue realizado por seis contadores, dos abogadas, dos ingenieros y un arquitecto.

Señala que el estudio de INDOTEC descubrió que la construcción del aeropuerto tendría un impacto negativo alto sobre la geología y geomorfología del área, afectando las aguas superficiales y subterráneas.

La obra se inició sin un diseño definitivo y posteriormente se contrató a una empresa especializada en acueductos y alcantarillados, para realizar un diseño aeronáutico y aeroportuario.

Según la auditoría, el Estado pagó o permutó a favor del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y a particulares 271,220,70 metros cuadrados demás sobre los terrenos recibidos por RD$45,022,636, debido a la diferencia entre las mediciones hechas por la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Cartográfico Militar del área del aeropuerto.

El informe de INDOTEC se refiere a la existencia de 25 especies de aves en la zona, de las cuales ocho se consideran abundantes o comunes, especialmente la garza, mientras que el resto son raras.

Los 5.14 kilómetros de la carretera de acceso al aeropuerto salieron por RD$478, 560,628, lo que representa el 48% del costo total de todas las obras ejecutadas del proyecto.

Indica la auditoría que eso se debió, en parte, a que en un tramo hubo que variar el diseño en cuatro ocasiones, después de haberse iniciado sin ninguna planificación, contratos y estudios técnicos.

La Constructora Teddy construyó una parte del segundo tramo de la carretera por RD$7,552,064.48, sin contrato ni presupuesto, violando las disposiciones establecidas en el Manual de Requisitos Técnicos para obras de infraestructura. La empresa Hidrogeoperpozo se encargó de los trabajos de iluminación de la vía por RD$14,411,724.04, pero no los completó.

Señala que la falta de contrato para la ejecución de trabajos en la vía de acceso dejó al Estado desprotegido de garantías y penalidades por incumplimiento de parte de los constructores.

La falta de una adecuada supervisión permitió que se pagaran RD$40,203,673.33 de más, lo que fue comprobado con levantamientos hechos por el Instituto Cartográfico Militar.

Según la auditoría, se cambió el diseño de la pendiente de la vía a causa de la inestabilidad de los taludes, nivel freático y el cruce de la tubería del acueducto Proyecto Ciudad Modelo y se tuvo que rediseñar el sistema eléctrico de aéreo a soterrado.

La inversión en la carretera, dice la auditoría, no se compadece con su función de obra complementaria y no principal, como la pista de aterrizaje y la terminal de pasajeros.

La auditoría encontró que los volúmenes presentados en las cubicaciones de cierre en dos compañías, que trabajaron en la vía de acceso y la verja perimetral, son diferentes a los soportes con RD$15,925,690.38.

La construcción del aeropuerto se inició sin consultar a ninguno de los organismos oficiales competentes, como la Comisión Aeroportuaria, Junta de Aeronáutica Civil, Departamento Aeroportuario y la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Ninguna de las obras fueron sometidas a concursos y a 29 participantes les fueron otorgadas de grado a grado.

Expresa que algunos expedientes del aeropuerto no reposaban en los archivos de la Unidad Ejecutora y estaban localizados en otros departamentos o instituciones.

En los archivos de la Unidad Ejecutora no se dispone de un adecuado control de los documentos que soportan el proyecto, dice la auditoría.

Se realizaron pagos a 12 de los 29 constructores por RD$69,288,414 por concepto de avance o pagos de cubicaciones sin haber firmado contratos, lo que originó que las obras ejecutadas carecieran de garantías y penalidades ante un eventual reclamo por parte de las autoridades de Obras Públicas.

La auditoría encontró que hubo casos en que el contrato se firmó con atraso de 2, 5, y hasta siete meses después de iniciados los trabajos y otros a la fecha del levantamiento de la auditoría (12-3-04) no habían elaborado el contrato.

La pesquisa señala que la falta de planificación y de cuidado institucional de la Secretaría de Obras Públicas para administrar los recursos, produjeron desperdicio de recursos e incumplimiento de plazos.