Erradicar el hambre en América Latina y el Caribe requiere la voz y las manos de sus millones de mujeres. Por demasiado tiempo las mujeres rurales han sido tratadas como actores secundarios en una lucha que involucra y afecta a todas las personas. Sin embargo, esta realidad ha comenzado a cambiar gracias a la fuerza de las organizaciones de mujeres y la importancia creciente que el enfoque de género está teniendo al más alto nivel político en la región.

Aunque realizan múltiples aportes a la seguridad alimentaria, las mujeres rurales enfrentan –junto con los pueblos indígenas– los índices más altos de hambre, malnutrición y pobreza en toda la región, y una gran desigualdad. Tienen menor acceso a la tierra, recursos naturales y recursos públicos para apoyar su producción (tierra, agua, crédito, asistencia técnica y tecnología) y a servicios básicos como salud, educación, vivienda e infraestructura.

Según la FAO, en América Latina y el Caribe 59 millones de mujeres viven en zonas rurales. 20 millones son parte de la población económicamente activa, con una importancia creciente en las últimas décadas, y 4,5 millones son productores y productoras agrícolas. No obstante, las mujeres rurales trabajan más y ganan menos.

Sin embargo, en la última década, un fuerte movimiento para la igualdad ha surgido en la región, el cual busca llevar la voz de las mujeres rurales a lo más alto de la agenda política regional y a sus organismos de integración.

En noviembre de 2014, durante la I Conferencia de Mujeres Rurales, representantes de veinticinco países de la región acordaron la Declaración de Brasilia, la cual incorpora las demandas de las mujeres rurales, indígenas y jóvenes, un verdadero hito en la lucha por la igualdad de género y la seguridad alimentaria en la región.

El principal órgano de integración de la región –la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños–no sólo está trabajando junto con la FAO y las organizaciones de mujeres de la región para implementar los aspectos de género de su Plan de Seguridad Alimentaria, que busca erradicar el hambre en todos los países antes del año 2025, sino que creó un grupo de trabajo especial para el adelanto de las mujeres liderado por El Salvador.

Hoy tanto los países como sus mecanismos de integración regional están priorizando estrategias eficaces para empoderar a las mujeres rurales, fomentar su autonomía y realizar sus derechos a través de políticas públicas y medidas administrativas que cuentan con presupuestos que garanticen su ejercicio pleno. Y el trabajo continúa: este año se llevará a cabo en Ecuador el Primer Evento Preparatorio de la II Conferencia de Mujeres Rurales, para continuar fortaleciendo la agenda regional de género.

Según la FAO, en los países en desarrollo, las mujeres representan el 43% de la fuerza laboral en la agricultura, y cerca del 20% en América Latina y el Caribe. Como tales juegan un rol fundamental en la producción de los alimentos. Empoderar a las mujeres de América Latina y el Caribe –y en especial a las mujeres de la agricultura familiar– es una de las claves para que la región alcance su meta de erradicar el hambre y la pobreza rural.

América Latina y el Caribe está a la cabeza de este esfuerzo global. Fue la primera región del mundo en lograr las dos metas internacionales de erradicación del hambre –los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Cumbre Mundial de la Alimentación– y se ha fijado el año 2025 como la meta para que todos los países logren la plena seguridad alimentaria, esfuerzo que requiere la visión y participación activa de las mujeres en condiciones de igualdad.

En todos los países de la región, las mujeres contribuyen con su mano de obra para la producción de alimentos y la creación de riqueza y desarrollo. Su participación activa tanto en la esfera productiva y reproductiva, permite a millones de personas mejorar su calidad de vida, pero para que haya verdadera seguridad alimentaria, tiene que haber equidad de género.

Cada paso que demos hacia la igualdad nos llevará más cerca del hambre cero.