ROSARIO ESPINAL
Una de las transformaciones sociales más importantes de fines del siglo XX y principios del XXI es la mayor incorporación de las mujeres a la vida laboral y política. La lucha ha sido larga y difícil, y muchas desigualdades de género persisten; pero en décadas recientes hay mayor aceptación en la opinión pública mundial de que las mujeres deben participar igual que los hombres en la política.

Este cambio de opinión, sin embargo, no se ha acompañado de mejoras significativas en la representación de las mujeres en puestos públicos.

En las posiciones electas, las mujeres siguen siendo pocas en los congresos y gobiernos municipales de la mayoría de los países. Son también pocas en posiciones no electas de la alta administración pública.

El aumento significativo en la representación de las mujeres se ha logrado fundamentalmente en dos circunstancias.

Cuando se establecen leyes de cuota femenina para cargos electivos que abren espacios de participación como candidatas, y cuando un presidente o presidenta decide integrar un número significativo de mujeres en la alta administración pública, como lo hicieron José Luis Rodríguez Zapatero en España, Michelle Bachelet en Chile y Nicolás Sarkozy en Francia.

La demanda de una mayor inserción de las mujeres en la política no es novedad en la República Dominicana. El movimiento de mujeres tiene una larga historia de luchas en el país desde principios del siglo XX.

Pero en los años noventa se hizo un mayor esfuerzo por motivar un cambio en la opinión pública sobre la importancia de la participación y representación política de las mujeres. También se legisló al respecto.

En las elecciones presidenciales de 1994 y 1996, y en las congresionales municipales de 1998, se realizaron interesantes campañas publicitarias para motivar la participación de las mujeres en el proceso electoral. En 1997 se modificó la Ley Electoral y se estableció la cuota femenina para diputados y regidores a un mínimo de 25%, aumentada a 33% en el 2000.

La cuota casi se ha alcanzado en el nivel municipal, pero no en la Cámara de Diputados, donde la representación de las mujeres sigue muy por debajo del 33%. El voto preferencial, establecido para los diputados en el 2002, ha dificultado aún más alcanzar la cuota.

La razón es que, aunque se incluya el 33% mínimo de candidaturas femeninas a diputaciones, el orden de elección de los diputados no queda preestablecido por los partidos, sino que los electores tienen la opción de escoger los diputados nominados en el orden que prefieran.

Pero en elecciones enfocadas en candidatos, como ocurre con el voto preferencial, las mujeres tienen una desventaja de género que les dificulta ganar, entre otras razones, porque enfrentan mayores obstáculos para recaudar fondos y competir con los hombres.

Además, una historia de desincentivo para la participación política tiene su efecto negativo en la disposición que tienen muchas mujeres incluso para lanzar su candidatura.

Esto sucede a pesar de que en la última década la mayoría de los dominicanos diga en encuestas que las mujeres deben participar igual que los hombres en la política, que al votar las mujeres inspiran igual o mayor confianza que los hombres, y que las mujeres tienen igual o más capacidad que los hombres para gobernar.

Mejorar la representación de las mujeres en los procesos electorales requiere un esfuerzo especial de los partidos políticos por apoyar candidaturas femeninas, en un contexto de legislación electoral que establezca cuotas femeninas.

De no existir el efecto combinado de cuotas y la determinación partidaria, es difícil que las mujeres logren un avance significativo en este campo.

En la alta administración pública de posiciones no electas, los presidentes tienen un amplio margen de acción para demostrar su compromiso o no con la integración de las mujeres al poder político.

Un presidente o presidenta tiene discrecionalidad para integrar su gabinete de manera paritaria sin necesidad de una ley para hacerlo. Depende de su voluntad nombrar más mujeres para lograr paridad de género, como lo han hecho Zapatero, Bachelet y Sarkozy. En América Latina, Chile es el país con el mayor número de ministras, un total de ocho.

Aunque el presidente Leonel Fernández expresa un discurso de modernidad en muchos temas, ha quedado muy rezagado en la representación de las mujeres en las altas esferas de poder en sus tres años de gobierno. Apenas tres secretarías han tenido mujeres bajo su dirección: la de la mujer y las dos de educación.

No hay garantías de que las mujeres desempeñarán las funciones públicas mejor que los hombres. Pero es injusto que por una discriminación histórica se mantenga a las mujeres a principios del siglo XXI tan alejadas de las posiciones de poder político, donde se deciden tantos asuntos que afectan esa mayoría de la población que constituyen las mujeres. Avance, Señor Presidente.