MADRID (AFP).- El miedo a ser expulsados de España hizo que muchos latinoamericanos indocumentados no comunicaran la desaparición de familiares y amigos a las autoridades españolas tras la masacre del jueves en Madrid, tal como ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.

«Hay muchos irregulares dentro de las víctimas, entre las fallecidas y las que están ingresadas en el hospital», declaró a la AFP Mauricio Escarpati, de la asociación de defensa de los inmigrantes ARI-Perú, quien cree que el porcentaje ronda el 50% ó el 60% de los extranjeros fallecidos o heridos.

«Al principio los familiares tenían miedo de acercarse a los hospitales por temor a ser detenidos por no tener documentación, y a que se les enviara a sus países y no poder estar cerca de sus seres queridos», agregó. «Ahora la gente está un poco más tranquila y se están acercando a los parientes, amigos o conocidos que están ingresados», explicó.

Al menos 200 personas perdieron la vida en los sangrientos atentados en cadena perpetrados el jueves en la capital española, entre ellos al menos 31 extranjeros, 17 de los cuales latinoamericanos (cinco ecuatorianos, tres peruanos, tres colombianos, dos hondureños, dos dominicanos, un cubano y un chileno). También hubo 1.500 heridos, de los cuales 289 siguen todavía hospitalizados.

Embajadas y asociaciones latinoamericanas se esfuerzan por animar a los inmigrantes indocumentados a vencer el miedo y acudir a las autoridades para reclamar a sus familiares o amigos desaparecidos, muertos o heridos.

«Estamos haciendo un llamado para que se acerquen sin temor respecto de su situación migratoria para saber de la suerte de sus familiares y amigos», dijo a la AFP Fernando Carrión, embajador de Ecuador, el país latinoamericano más afectado por los ataques terroristas.

El diplomático «no descarta» que este balance pueda aumentar, puesto que todavía quedan por identificar 40 cadáveres cuyo estado los hace irreconocibles y que están siendo sometidos a pruebas de ADN en el tanatorio madrileño de La Almudena.

«Allí es donde deberán acercarse aquellos inmigrantes que tengan familiares desaparecidos para tratar de constatar a través de estos sistemas de ADN la identidad de los restos», precisó el embajador de Ecuador.

«El gobierno español nos ha dado garantías más que suficientes de que la prioridad es atender a las víctimas y no estar procurando la documentación de estas personas», explicó por otra parte Alejandro Arias, ministro consejero de la embajada de la República Dominicana.

Al día siguiente de los atentados, el presidente del gobierno español, José María Aznar, anunció que había ordenado la regularización de la situación migratoria de todas las víctimas de los atentados y sus familiares directos.

Este sábado, su ministro del Interior, Angel Acebes, precisó que se concederá la nacionalidad española o permisos de residencia a las víctimas, sus cónyuges, hijos y ascendientes que lo requieran, así como a los heridos, y que se atenderán casos excepcionales «con un criterio abierto de generosidad».

Para Mauricio Escarpati, hay algunos ilegales a quienes no les interesa la nacionalidad porque dicen que «el gobierno ha esperado a que haya un atentado con víctimas inmigrantes para tomar cartas en el asunto» en la recta final de la campaña electoral.

En diciembre entró en vigor la tercera reforma de la Ley de Extranjería, que endurece la lucha contra la inmigración ilegal y, que según el gobierno, busca facilitar la llegada extranjeros legales. Los sindicatos y las asociaciones de defensa de los inmigrantes se opusieron a dicha ley porque «condena a la invisibilidad a los inmigrantes irregulares».

En España viven 2,5 millones de extranjeros, de los cuales 600.000 son latinoamericanos en situación legal. Asociaciones de derechos humanos calculan una cifra similar para los irregulares procedentes de América Latina.