Para los banqueros y empresarios, el principio de que lo mejor es trabajar con dinero ajeno, es antiguo y universal. Un presidente de la república no puede utilizar estrategias similares, porque los retos y desafíos nacionales son variables.

Imaginemos un diálogo entre el superintendente de pensiones, un presidente de la República (no el actual) y un empresario, donde el primero informa que su institución dispone de aproximadamente 107 mil millones de pesos y que no sabe qué hacer con ellos: El presidente ordena que no los toquen porque es patrimonio sagrado de obreros y empleados; el empresario-banquero propone usarlos para fortalecer el mercado hipotecario, mediante un proyecto de ley “bien bonito”. El presidente se reúne con los representantes auténticos de los dueños del dinero  (organizaciones laborales y sindicatos) y de allí salieron las siguientes sugerencias al congreso:

a) Los fondos solamente podrán utilizarse en actividades que beneficien directamente a los cotizantes, sin otro intermediario que el Estado; b) Un 30% se utilizará para mejorar la infraestructura del Seguro Social, incluyendo la adquisición de equipos de tecnología avanzada, para competir en forma leal, pero vigorosa, con las prestadoras de servicios de salud privadas, tal como hace el Seguro Nacional de Salud (SENASA) con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS); y c) Especializar un 20% para hacer universal el seguro social, a fin de que todos los ciudadanos dispongan de un carnet que les permita utilizar  servicios básicos de salud públicos o privados con la cobertura fundamental”.

Ningún obrero o empleado se sentirá estafado si un presidente planteara el uso de los fondos de pensiones para fortalecer el sistema dominicano de seguridad social.