SAN FRANCISCO – Imagine a Estados Unidos sin inmigrantes ilegales, la gente que asa las hamburguesas, limpia los baños, cuida a los niños y envía a sus hijos a escuelas públicas.

¿El pasto sería más verde?

La pregunta recibió una especie de respuesta el mes pasado en California, donde vive alrededor de un tercio de los entre 8 y 10 millones de inmigrantes ilegales del país. Miles de latinos no acudieron a la escuela ni al trabajo un viernes, en protesta por la revocación de una contenciosa nueva ley que habría permitido a los inmigrantes ilegales obtener licencias de conducir.

El boicot no fue el éxito que sus organizadores esperaban. Sin embargo, hubo informes de restaurantes de comida rápida que cerraron y jardines que se quedaron sin podar. Algunas tiendas en ciudades con grandes poblaciones de inmigrantes, como Fresno, no se molestaron en abrir, y en Los Angeles, el segundo distrito escolar más grande en el país, la tasa de ausentismo casi se triplicó respecto del viernes anterior.

El Presidente George W. Bush reabrió el debate nacional sobre la inmigración la semana pasada con su propuesta para conceder visas temporales a trabajadores indocumentados. Como con aquellos que apoyaron la revocación de la ley de licencias de conducir en California, la iniciativa de Bush dejó a muchos estadounidenses preguntándose por qué los funcionarios electos cambian las reglas para personas que viven en este país sólo violándolas.

«Pienso que es difícil de imaginar una peor propuesta de reforma de inmigración en este momento», dijo George J. Borjas, profesor de economía y política social en Harvard quien ha escrito extensamente sobre las desventajas de la inmigración ilegal. «Lo único bueno que se podría decir al respecto es que toma en serio el hecho de que Estados Unidos no va a deportar a 10 millones de personas. Tenemos que hacer algo sobre estas personas».

La mayoría coincidiría en que la deportación masiva es improbable. Pero imaginar esa cadena de acontecimientos es una forma de comprender el trasfondo económico de la iniciativa de Bush.

El Centro Hispánico Pew estimó en 2001 que la fuerza laboral no autorizada en Estados Unidos totalizaba 5.3 millones de trabajadores, incluidos 700,000 empleados de restaurantes, 250,000 empleadas domésticas y 620,000 trabajadores de la construcción. Además, alrededor de 1.2 millones de los 2.5 millones de trabajadores migrantes asalariados viven aquí ilegalmente, según un estudio realizado por Philip L. Martin, profesor de la Universidad de California en Davis que estudia la inmigración y la mano de obra agrícola.

Esa es una gran cantidad de mano de obra barata.

Sin ella, las frutas y verduras se pudrirían en los campos. Los infantes en Manhattan no tendrían niñeras. Las toallas en hoteles en estados como Florida, Texas y California se quedarían sin lavar. Los viajeros en los aeropuertos desde Miami hasta Newark se quedarían varados pues los taxis no tendrían conductores. Los proyectos de remodelación de casas en una amplia zona del país se suspenderían. Y las bacinicas y las charolas de comida en los asilos en Chicago, Nueva York, Houston y Los Angeles se quedarían sin recoger.

«Habría un efecto de dominó en toda la economía», dijo Harry P. Pachón, presidente del Instituto de Política Toms Rivera en la Universidad del Sur de California, un grupo de investigación latino.

Pero aunque la perturbación sería real, argumenta Borjas, no sería duradera. Como prueba, dice, no hay que ver más allá de lugares como Iowa, donde los residentes nacidos en el extranjero son relativamente raros, pero hay gente que trabaja en hoteles, restaurantes de comida rápida y todo el resto.

La mayoría de los inmigrantes ilegales, de hecho, están concentrados en un puñado de estados -California, Texas, Nueva York, Illinois y Florida- dejando a muchas partes de Estados Unidos relativamente sin ser tocadas por la afluencia.

Estimaciones del Servicio de Inmigración y Naturalización basadas en el censo del 2000 muestran que 15 estados representaron casi 13 por ciento de los inmigrantes ilegales.

Si no hubiera trabajadores indocumentados que atendieran los jardínes, los californianos que quisieran un pasto bonito pagarían más por ello, atrayendo eventualmente a trabajadores poco capacitados de otras partes del país, dijo Borjas, y añadió que los trabajadores estadounidenses estarían mejor.

«Los trabajadores serían ligeramente más ricos y los patrones serían ligeramente más pobres, pero todo sería hecho», dijo Borjas, quien vivía en California. «Me trasladé a Boston y el jardín está aún más verde».

Laura Hill, investigadora del no partidista Instituto de Política Pública de California, dijo que habría un aumento en los precios de la lechuga, las espinacas y las fresas, que son recolectadas típicamente por trabajadores indocumentados. Pero los agricultores y compañías agrícolas eventualmente encontrarían formas más baratas de cosechar los sembradíos. «Quién sabe, pero quizá se terminaría desarrollando una nueva tecnología», dijo Hill.

Si no, los estadounidenses verían hacia otro lado, incluidos otros países, en busca de sustitutos más baratos.

«Lo bueno de importar un producto es que una vez que ya no le guste a uno, se puede desechar», dijo Borjas. «La inmigración no es así».

Algunos expertos en inmigración también sugieren que los contribuyentes estadounidenses estarían mejor financieramente si los residentes no autorizados del país regresaran a casa.

Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios de Inmigración, un grupo en Washington que favorece mayores restricciones sobre la inmigración, argumenta que si los estadounidenses «redujéramos nuestra adicción a esta mano de obra ilegal», habría menos tensión sobre el sistema de beneficencia social del país, que va desde menos niños en las atestadas escuelas urbanas hasta menos cheques de beneficencia para las familias nacidas en Estados Unidos de los inmigrantes ilegales.

«Los inmigrantes sobre todos los demás usan al menos un programa de beneficencia importante en una tasa 50 por ciento más alta que los nacidos aquí», dijo Krikorian, refiriéndose a un análisis de datos del 2001 realizado por su centro que encontró un uso del Medicaid particularmente alto entre inmigrantes. «Eso no es porque sean moralmente imperfectos. Es porque son pobres y no tienen ninguna educación y terminan inevitablemente tropezando y teniendo necesidad del sistema».

Pero los grupos de defensoría de los inmigrantes disputan la idea de que la inmigración ilegal sea un lastre para Estados Unidos. Raúl Yzaguirre, presidente del Consejo Nacional de La Raza, una organización defensora de los derechos civiles de los latinos, dijo que el impacto económico de la inmigración es diferente a nivel local que nacional.

Aunque los hospitales y clínicas en el Condado de Los Angeles, por ejemplo, soportan enormes costos de atención médica asociados con los inmigrantes ilegales no asegurados -un estudio situó el total en 340 millones de dólares en 2002- el gobierno federal disfruta de una «bonanza» gracias a muchos de los mismos inmigrantes que pagan impuestos federales pero no reciben beneficios a cambio, dijo Yzaguirre.

Yzaguirre sugirió que la Seguridad Social quebraría sin los pagos de trabajadores indocumentados, a muchos de los cuales, contrario a la percepción popular, sus patrones les deducen impuestos sobre nómina regulares de sus salarios. (En algunos casos, los trabajadores indocumentados usan números falsos de la Seguridad Social, mientras que otros tienen números válidos de cuando trabajaron legalmente.)

Yzaguirre también rechazó las objeciones de que los estadounidenses mantendría su nivel de vida sin las contribuciones de bajo salario de esos trabajadores. Coincidió con Borjas en que algunos estadounidenses disfrutarían de salarios, pero dijo que todos los estadounidenses serían castigados teniendo que pagar más por todo, desde una hamburguesa de McDonald’s hasta una nueva casa.

En un estudio de 2002 realizado con cooperación de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, investigadores del Centro para el Desarrollo Económico Urbano en la Universidad de Illinois en Chicago concluyó que los alrededor de 300,000 inmigrantes ilegales en Chicago no usaban los beneficios gubernamentales en un índice sustancial. El estudio también estimó que 70 por ciento de los trabajadores indocumentados pagaban impuestos sobre nómina, como Seguridad Social y seguro de desempleo. Los investigadores calcularon otros beneficios económicos, encontrando que el gasto de consumo de los inmigrantes ilegales generaba más de 31,000 empleos y contribuía con 5,340 millones de dólares anualmente al producto regional bruto en Chicago.

¿A qué lado creerle? El problema de reunir datos sobre los inmigrantes ilegales, y la idea de un Estados Unidos sin ellos, es que tienden a mezclarse con el vasto grupo de inmigrantes legales.

Algunos que viven y trabajan en Estados Unidos con una visa válida un año pueden convertirse en ilegales al siguiente al vencerse su visa. Una sola familia puede tener residentes legales e ilegales, en ocasiones hermanos y hermanas. En ese sentido, la propuesta de Bush de borrar la distinción entre trabajadores ilegales y legales incluye «algún grado de honestidad», dijo Patricia Nelson Limerick, presidenta del Centro del Oeste Americano en la Universidad de Colorado.

«La esperanza es que conduzca a cierto reconocimiento de que no se resuelven los problemas de la inmigración ilegal cerrando la frontera», dijo, «sino afrontando los problemas dentro del país».