Ubaldo Guzmán Molina 
María Elena Vásquez, presidenta de Procompetencia, habla en el acto que se dio a conocer el estudio. Duany Núñez
El número de empresas acogidas refleja que la iniciativa tiene un bajo nivel de atractivo para el sector empresarial, establece el estudio
El impacto de la ley de Desarrollo Fronterizo (la 28-01) ha sido bajo, debido a la limitada incidencia económica y social que han tenido las empresas acogidas al régimen.
Así lo establece el estudio “El impacto de ayudas estatales desde la perspectiva de la competencia: El caso de la Ley de Desarrollo Fronterizo ley número 28-01”, presentado ayer en la Universidad Católica Santo Domingo por María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia).
“En términos agregados, hasta el momento, la aplicación de la ley número 28-01 ha sido relativamente insustancial, tanto en términos de sus beneficios como en términos de costos”, sostiene la investigación.
Señala que la limitada cantidad de empresas acogidas a la ley refleja una política deliberada dirigida a restringir la cantidad de empresas beneficiadas y el volumen de gasto tributario por parte del gobierno.
Explica que el número de empresas acogidas refleja, asimismo, el hecho de que la iniciativa tiene un bajo nivel de atractivo para el sector empresarial.
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Señala que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha documentado evidentes fallas en la aplicación de la ley, sobre todo por la ausencia de un programa de inversión en infraestructura. Indica que las empresas establecidas en la frontera muestran con frecuencia niveles de costos relativamente elevados y, por tanto, menos tasas de utilidades antes de la liquidación de impuestos.
