El consorcio Impe, que participó en la licitación para la adjudicación de las plantas de carbón de Punta Catalina, interpuso una demanda en referimiento en la que solicita la designación provisional de una administración secuestraria que se encargue de todo lo concerniente a la continuación de su construcción, a cargo de un consorcio que encabeza la brasileña Odebrecht.
La audiencia para conocer de dicha solicitud estaba fijada para ayer a las 9:00 de la mañana en la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, pero fue aplazada para el próximo martes, día 14, a solicitud de los abogados de Odebrecht, Robert Valdez y Ricardo León, a fin de depositar documentos.
Impe, quien dice ser víctima y demandante en idemnizaciones civiles por vía principal en un proceso civil que se conoce en la Tercera Sala del citado tribunal, pidió que el secuestrario judicial colectivo esté integrado por dos representantes suyos, dos del Consorcio Acero Estrella, uno del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia); uno del Instituto de Contadores Públicos, y uno de la Cámara de Cuentas.
Busca prevenir daño. Dice que el presente caso es de urgencia, “para prevenir un daño inminente o para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita”, por lo que se justifica que el magistrado juez presidente apoderado, Reinaldo Ferreira, prescriba medidas provisionales
Dice que Odebrecht no puede continuar operando aquí porque ha violado todos los principios consagrados en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento, “ya que su conducta criminal no la hace meritoria bajo ningún concepto ni ante la sociedad ni ante el Estado Dominicano, para continuar la EPC”.
Y agrega que además existe la inminencia de un daño pues, “de declararse en quiebra comercial, según elementos de publicidad que se han manejado en el ambiente judicial dominicano”, se pone en peligro las posibilidades de indemnización a Impe, que concurrió a una licitación pública como “buen páter falimia” y de manera transparente.

El consorcio solicita además al Tribunal que declare su sentencia a ejecutar no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga, y sin prestación de fianza; ordenar un astreinte de RD$100,000 diarios en caso de dificultades en la ejecución de la sentencia; y que Odebrechrt, cuyo gerente genereal en el país es el señor Marcelo Hofke, sea condenada al pago de las costas.