Un estudio sobre la vejez realizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) deja mal paradas nuestras políticas de asistencia a ese segmento de la población.

Según ese estudio, la mayoría de los 43 hogares de ancianos que hay en el país atraviesan precariedades económicas y financieras, y es pobre e inadecuada la supervisión.

El estudio profundiza más allá de las condiciones en que operan los asilos. Se adentra en la condición general de desprotección en que vive un 67% de los 800,000 adultos mayores.

Estas aseveraciones ponen en entredicho los informes de autoridades locales sobre los efectos de las políticas de asistencia a los envejecientes.

Hay que considerar que a partir de determinada edad aumenta considerablemente la vulnerabilidad de las personas y se requieren políticas de asistencia especial que enfaticen en la preservación de la salud y dignas condiciones de alojamiento.

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El otro aspecto de la política de asistencia a la vejez en que se debe enfatizar es en el establecimiento de programas de ocupación e integración laboral, no solo como terapia sino fundamentalmente como medios de ingresos económicos para personas en avanzada edad, pero en capacidad productiva aprovechable.

Del mismo modo que se ha legislado para proteger a niños, niñas y adolescentes, hay que ponerle atención a las necesidades vitales de los ancianos, sobre todo aquellos que viven solos y desprotegidos.

Bajo condiciones óptimas de asistencia social, a la ancianidad desvalida no debería faltarle asistencia médica, alimentación y alojamiento, y una parte importante de la responsabilidad en este sentido le corresponde al Estado.

Hay que mejorar las condiciones de muchos de nuestros asilos, brindándoles la asistencia necesaria para acoger dignamente a las personas de avanzada edad.

Hay que mejorar la imagen que exhibe el país en materia de protección a las personas de avanzada edad, y no porque lo diga un estudio de CEPAL, sino porque es lo que humanamente corresponde.