Detrás del plan orquestado para dar el tumbe  de los 1,300 kilos que costó la vida a siete colombianos en Paya, Baní, circuló una indeterminada cantidad de dinero proporcionada por un brazo financiero que costeó la operación criminal que involucra a militares y civiles.

Los investigadores determinaron que el imputado Luis de Jesús Lara Martínez es uno de los que integran la parte económica que movió la organización.

  Esa conclusión le sumó la violación a la Ley 72-02 de  Lavado de Activos a los demás cargos criminales que se le imputan en la acusación formulada contra 25  presuntos implicados.

Junto a él están en igual situación los imputados José Luis Montás Vargas (El Duro), Augusto Alberto Daneris Andújar y el ex teniente coronel de la Marina de Guerra Ricardo Rafael Guzmán Pérez, aunque de estos cuatro el único al que se señala como “uno de los que proporcionó los recursos económicos para financiar la operación” es a Lara Martínez, señalado junto a Montás Vargas como uno de los cabecillas de la matanza ocurrida en agosto pasado.

Modus Operandi Lara.  De acuerdo con la investigación desde antes de la operación Lara, Montás, Andújar y Guzmán manejaban grandes  sumas de dinero  y poseían propiedades y bienes  injustificables.

   En el caso de Lara, los investigadores dicen que trató de dar apariencia lícita al dinero que obtenía producto del narcotráfico con negocios.

Explican que en el 2004 hizo un contrato de arrendamiento  con el Ayuntamiento  de Baní para establecer el centro comercial “Bar Vaganiona”, adquirido con dinero de narcotráfico y utilizado para dar apariencia lícita al dinero.

 Además, señalan los investigadores, que en plan de blanquear los recursos adquirió varios vehículos de lujo e  inmuebles de costoso valor como una extensión de 487.97 metros cuadrados donde construyó una casa de dos niveles.

Dice la acusación que esto lo trató de justificar con un préstamo hipotecario que gestionó en el  Banco del Progreso, empero los investigadores aseguran que esa hipoteca se hizo con un fin justificativo y no para obtener el bien.

  Residencia del militar. En el curso de la investigación, los fiscales establecieron que el ex militar Guzmán Pérez adquirió en el país diversos bienes muebles e inmuebles, que no puede justificar con sus actividades productivas como militar que era.

 Dentro los bienes citan “una casa de costoso valor” ubicada en la manzana 6 número 18 del residencial Prado Oriental en Santo Domingo Este, detrás del colmado “Jumbo” que fue la misma a la que fueron llevados los 1,300 kilos de droga motivo de la matanza, el 4 de agosto.

Duro Motors, una pantalla

 En la individualización de los cargos del acta acusatoria, los fiscales precisan que Montás Vargas, quien fue empleado de la Cervecería Nacional hasta julio del 2004, fundó en julio del 2007 la sociedad comercial “Duro Motors, C. por A.”, de la que dicen fue utilizada “como pantalla” para encubrir el origen  ilícito de los activos que obtenía. Explican que además el lavado  quedó evidenciado en que Vargas manejó diversas cuentas bancarias y sólo el 16 de abril del 2007 aperturó cinco cuentas de ahorro en el Banco Popular en las que se cuidó de depositar cantidades que no superarán  los US$10 mil. A eso suman los investigadores que poseía diversos bienes inmuebles y vehículos de lujo que preservaba en el establecimiento Duro Motors, en la avenida Independencia.

    Uno por otro

Sobre Andújar la acusación dice que era  intermediario del colombiano Darío José Atencio Vargas (El Don), uno de los asesinados, para que  pudiera manejar cuentas y adquirir bienes. Explican que en un solo día Andújar aperturó cuatro certificados de US$20,575 cada uno en el Banco BDI.